El último lunes, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se mostró a favor de la propuesta de la presidenta Dina Boluarte para realizar una reforma del sistema de justicia en el país, siempre y cuando no configure una “intervención” de las instituciones, tal como busca hacer el Congreso de la República con el Ministerio Público.
“Me parece bien, pero que se haga con fortalecimiento, no a manera de intervención ni pretendiendo cesar o dejar a un lado a los fiscales titulares, como se está pretendiendo con algunos proyectos de ley”, dijo a RPP.
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La respuesta desde el Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro de Justicia, Juan Alcántara, aseguró que este proceso de reforma en curso no representa una injerencia del Gobierno, sino que responde a un mandato legal vigente desde el año 2019.
“Efectivamente, se viene trabajando una reforma de justicia, pero no se inicia en este momento. Esto es un mandato legal desde el año 2019, en donde se creó la comisión de la reforma de justicia, que era liderada por el presidente”, indicó esta mañana a Canal N.
Agregó que esta reforma incluye la participación de todos los entes autónomos del sector: Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Junta Nacional de Justicia (JNJ), Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República.
En ese sentido, negó cualquier intento de manipulación institucional y reafirmó que el proceso es técnico, plural y liderado por una comisión creada años antes del actual gobierno.
¿CÓMO AVANZA EL PROCESO DE REFORMA?
Alcántara explicó que la comisión de reforma fue reactivada hace un año y desde entonces se han desarrollado reuniones mensuales entre los equipos técnicos
Si bien explicó que los titulares de las instituciones involucradas aún no se han reunido formalmente debido a coyunturas, como la crisis interna en la JNJ, recalcó que se espera que el encuentro se concrete en los próximos días.
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El titular del Minjus indicó que son tres los entregables comprometidos en esta reforma. Según dijo, el primero de ellos, relacionado con el diagnóstico del sistema de justicia y opciones iniciales, continúa en elaboración y aún no ha sido aprobado.
Subrayó que la reforma busca modernizar normas como los códigos procesal penal, penal y civil, aunque insistió en que los cambios no se reducen a aspectos normativos, sino a corregir deficiencias estructurales.
Respecto a cuándo estaría lista la reforma del proceso de justicia, Alcántara recalcó que “lo ideal” sería implementarlo y ejecutarlo antes que finalice la gestión de Boluarte.
“Sería lo ideal. Nosotros queremos trabajar una reforma de justicia que será sometida al Poder Legislativo. Nosotros hacemos la propuesta, pero el que lo aprobará finalmente es el Congreso”, apuntó.
LEY DE AMNISTÍA PARA POLICIAS Y MILITARES SIGUE EN EVALUACIÓN
En otro momento, el titular del Minjus aclaró que el Gobierno aún no ha tomado una decisión en torno a si promulgarán u observarán la ley que otorga amnistía a policías y militares que actuaren en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
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Según dijo, el texto fue recientemente remitido por el Congreso y se encuentra en análisis por parte de diversas áreas técnicas del Ministerio de Justicia.
Respecto a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuestionó que se haya emitido una medida antes de promulgarse la norma.
A su juicio, esto representa una injerencia indebida y recordó que cualquier pronunciamiento de la corte solo debería proceder una vez agotada la jurisdicción interna.
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