
En diálogo con la prensa, el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, anunció que ya ha logrado reunir aproximadamente 20 firmas para la presentación de una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por una presunta incapacidad moral para gobernar.
En ese sentido, hizo un llamado a sus colegas para priorizar los intereses del país por encima de los personales o partidarios.
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“Es necesario que el Congreso anteponga los intereses del Estado y del Perú, por encima de los personales de cada congresista”, señaló esta mañana, tras precisar que no se puede confundir gobernabilidad con impunidad.
Aunque no precisó cuándo se presentará oficialmente la moción, indicó que el proceso ya está en marcha.
Respecto al informe final del caso ‘Cirugías’, que fue aprobado esta mañana por mayoría, el congresista de Podemos Perú aseguró que la presidenta habría actuado fuera de sus funciones y violado la Constitución.
Ante ello, dijo que esto refuerza la justificación para impulsar su vacancia, aunque reconoció que su aprobación dependerá de la voluntad política del Congreso.
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EL CONGRESO SE HA CONVERTIDO EN UNA “AGENCIA DE EMPLEOS”
Al ser consultado por el informe final sobre las presuntas irregularidades en contrataciones laborales de funcionarios y trabajadores del Congreso, aprobado esta mañana por mayoría, Burgos ratificó que no se logró confirmar la existencia de una presunta red de prostitución en la institución.
Explicó que no se pudo comprobar esa hipótesis por falta de acceso a cámaras y otras pruebas; sin embargo, añadió que no descarta que haya existido una red de favoritismos para ciertas contrataciones.
También criticó duramente a gestiones anteriores de la institución, al señalar que el Congreso se ha convertido en una “agencia de empleos”.
Según dijo, en las gestiones de Eduardo Salhuana y Alejandro Soto se detectaron contrataciones irregulares, lo cual evidencia una práctica sistemática.
Frente a ello, Burgos planteó que el Congreso impulse una limpieza interna, mediante una comisión investigadora que revise las contrataciones y actos irregulares realizados por anteriores Mesas Directivas.
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