La Fiscalía, representada por el fiscal José Domingo Pérez, ha solicitado 29 años de prisión para Villarán. Foto: Andina
La Fiscalía, representada por el fiscal José Domingo Pérez, ha solicitado 29 años de prisión para Villarán. Foto: Andina
Redacción Gestión

El fijó para el martes 23 de septiembre de 2025 el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, , acusada por los presuntos aportes ilegales de más de 10 millones de dólares provenientes de las constructoras brasileñas , en el marco del caso Lava Jato.

La audiencia se llevará a cabo desde las 9:00 a.m. en la sede judicial Carlos Zavala, en el Palacio de Justicia.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional dispuso también una segunda sesión del juicio para el miércoles 24 de septiembre. Además de Villarán, el proceso incluye a 20 personas naturales, 9 personas jurídicas y 16 empresas consideradas como terceros civilmente responsables.

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La , representada por el fiscal , ha solicitado 29 años de prisión para Villarán por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, colusión y otros en perjuicio del Estado peruano. Entre los coacusados figuran exfuncionarios municipales como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde y Gabriel Prado, para quienes se han solicitado penas que oscilan entre los 9 y 25 años.

Para sustentar su acusación, el Ministerio Público ha presentado una lista de 378 testigos, entre ellos figuras públicas como Ana Elena Townsend, Marisa Glave, Salomón Lerner, Lourdes Flores, George Forsyth, Alonso Cueto, María Antonieta Alva, así como artistas como Mónica Sánchez, Christian Thorsen, Jason Day, Amanda Portales y Susana Baca.

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El juicio representa una etapa clave en uno de los casos más emblemáticos de corrupción política en el país, ligado a la red de sobornos de empresas brasileñas. El caso de ha generado gran atención pública por tratarse de una exautoridad que, en su momento, defendió una imagen de transparencia y lucha contra la corrupción.

Este proceso judicial ocurre en medio de una coyuntura sensible para el sistema de justicia, tras el anuncio de Brasil de suspender la cooperación jurídica internacional en los casos Lava Jato, lo cual podría complicar el acceso a nuevas pruebas en otros procesos vinculados.

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