La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió este miércoles 29 de octubre rechazar el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, con el que buscaba anular el juicio oral que enfrenta por el presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Con esta decisión, el proceso penal seguirá su curso.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, evaluó el pedido durante una audiencia programada para las 8:30 de la mañana. La casación había sido admitida a trámite el pasado 7 de agosto y sostenía, según la defensa de Vizcarra, que se vulneró el debido proceso y se configuró una doble persecución penal.
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La defensa del exmandatario argumentó que se cometió un error procesal al fraccionar la acusación fiscal. Según explicó, el agravio se habría originado durante la fase de control de acusación, cuando la jueza del caso continuó con el proceso por cohecho pasivo propio sin esperar el pronunciamiento fiscal sobre otros delitos inicialmente imputados -colusión agravada, usurpación de funciones y asociación ilícita-, lo que, a su juicio, permitió que se juzgara dos veces los mismos hechos.
Tanto la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato como la Fiscalía solicitaron que la casación fuera declarada infundada. El procurador señaló que los argumentos de la defensa carecían de sustento jurídico y buscaban dilatar el proceso, mientras que el fiscal Germán Juárez reiteró el pedido de 15 años de prisión contra Vizcarra.
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La acusación fiscal sostiene que el entonces gobernador regional de Moquegua habría favorecido a la empresa Obrainsa en la licitación del proyecto Lomas de Ilo a cambio de un soborno de S/ 1 millón. Asimismo, se le atribuye haber condicionado la firma del contrato del Hospital de Moquegua con la constructora ICCGSA al pago ilícito de S/ 1,3 millones, presuntamente entregado entre 2014 y 2016.
Con el rechazo de la casación, el juicio oral -uno de los más avanzados en el marco del Caso Lava Jato- continúa.
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La decisión de la Corte Suprema se produce mientras Martín Vizcarra intenta habilitarse políticamente para participar en las elecciones generales del 2026. El partido Perú Primero ya lo inscribió en su plancha presidencial, aunque el exmandatario sigue impedido de ejercer cargos públicos debido a una inhabilitación del Congreso. Vizcarra ha anunciado que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una medida cautelar que le permita postular mientras continúa litigando su caso.
