La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó nueve meses de impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.
Este requerimiento se da en el marco de la investigación por presunta obstrucción a la justicia y negociación incompatible en el marco de la red de corrupción instalada en Qali Warma.
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La audiencia para revisar esta solicitud será el 4 de marzo y se da en medio de un posible nombramiento de Julio Demartini como embajador del Perú en el Vaticano. El premier Gustavo Adrianzén y el canciller Elmer Schialer no han negado esa posibilidad.
El ministro de Relaciones Exteriores calificó de “presunciones” las denuncias en contra de Demartini e indicó que “no está señalado internacionalmente”. Incluso, refirió que el extitular del MIDIS “es muy competente”.
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La vinculación de Julio Demartini en el caso Qali Warma, surge a raíz de su supuesta vinculación con Carlos Guillén Anchayhua, personaje que habría ofrecido sobornos a cambio de información sobre el proceso relacionado con el caso.
Guillén aseguró ser cercano tanto a Demartini como al ministro de Educación, Morgan Quero.
Un informe periodístico reveló que Noemí Alvarado, testigo clave en la investigación sobre el caso Qali Warma, recibió una visita de Carlos Guillén Anchayhua en el edificio donde reside; y Guillén, presentándose como representante del ministro de Educación, Morgan Quero, mostró mensajes en su celular para respaldar su cercanía con Quero y el titular del Midis, Julio Demartini.
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