Pese a que hoy en día la inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema que atraviesa el país, la minería ilegal sigue siendo una piedra en el zapato para las autoridades, ya que no solo es una actividad ilícita que sigue avanzando, sobre todo, al interior del país, sino que viene generando ganancias económicas por encima de otros delitos, como el narcotráfico.
Además, genera un impacto nocivo en el medioambiente y en algunas zonas altoandinas y amazónicas, cuyos ríos y bosques han sido afectados irremediablemente.
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En conferencia de prensa, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, dio detalles sobre cómo ha ido avanzado la minería ilegal en el país, así como brindó un balance de las acciones que se vienen realizando desde su institución.
“De un tiempo a esta parte la minería ilegal ha adquirido bastante importancia, debido a que es un delito fuente del cual convergen varias formas de criminalidad. A partir de la minería ilegal se genera trata, sicariato, extorsión, seguramente también lavado de activos. Entonces, este delito como delito fuente nos genera gran preocupación en el Ministerio Público”, advirtió.
El fiscal Frank Almanza, junto a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, brindaron una conferencia de prensa para dar un balance de las acciones contra la minería ilegal. Foto: Fiscalía.
¿CUÁLES SON LAS ZONAS CRÍTICAS DE LA MINERÍA ILEGAL Y CUÁNTO DINERO MUEVE?
Almanza informó que en la actualidad son 10 las regiones que tienen una marcada actividad minera y con acciones de violencia producto del accionar de las organizaciones criminales que operan en dichos lugares.
Estos son: Loreto, Amazonas, Piura, Áncash, Ucayali, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Puno.
En estos departamentos se ha identificado 10 zonas de alto riesgo por la minería ilegal: Dátem del Marañón, Condorcanqui, Ayabaca, Reserva comunal del Sira, La Pampa, Cotahuasi, Tambobamba, Puquio, Carhuaz, Recuay, Antonio de Raimondi y Sandia y Carabaya.
Elaboración: Gestión.
Se ha registrado que esta actividad ilícita ya se encuentra en 32 distritos de estas cinco regiones: Loreto, Amazonas, Madre de Dios, San Martín y Huánuco.
De acuerdo con sus estimaciones, un total de 50,000 personas se dedican a la minería informal e ilegal en Perú; sin embargo, el fiscal señaló que otro estudio del Proyecto Prevenir de USAID determinó que solo la región de Madre de Dios, considerada como el “epicentro” de esta actividad, registra esa cifra.
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“Solo en Puerto Maldonado alrededor de 50,000 personas se dedican a esta actividad ilegal. A nivel nacional estamos hablando de más de 250,000 personas que trabajan en esto”, aseveró.
En dicha región, solo 5,000 mineros trabajan formalmente y más de 40,000 trabajan de manera informal o ilegal.
En cuanto a las ganancias económicas que genera este delito, Almanza detalló que la minería ilegal hoy en día es la principal economía ilícita en el país, superando al narcotráfico.
No solo genera una pérdida anual estimada de S/ 22,700 millones en recaudación, casi el 2.5% del PBI (según la estimación de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía-SNMPE), sino que también mueve, en un solo año, US$ 143 millones en operaciones financieras sospechosas, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera-UIF (2024).
“Definitivamente, lo que debe quedar claro es que esta minería ilegal, como se quiere hacer pasar, no es una minería de subsistencia. No se puede equiparar a un minero ilegal con un agricultor”, recalcó el fiscal.
Fuente: Fiscalía
Recordó, por ejemplo, que un minero ilegal para operar tendría que tener un motor. Dicho aparato tiene un costo mínimo de S/50,000 y genera una ganancia de 50 a 80 gramos de oro por día; o sea, casi S/18,000.
“Ahora, si en la minería ilegal ya se usa una excavadora o una maquinaria pesada, estamos hablando de una inversión de S/900,000 aproximadamente. Con eso se produce 150 gramos diarios de oro, esto es más de S/ 36,000 por día”, advirtió.
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“Entonces, una cosa que tenemos que dejar claro es que no es una minería de subsistencia. No es una actividad en donde se tenga muy pocos ingresos o se trabaje ahí para subsistir”, apuntó.
LAS CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES QUE VIENE DEJANDO LA MINERÍA ILEGAL
Así como esta actividad ilícita genera millones, también ocasiona daños medioambientales en las diversas zonas donde opera.
Almanza alertó que la minería ilegal no solo afecta al 13% del total de distritos amazónicos, sino también a 22 ríos amazónicos y ocupa 25 millones de hectáreas, equivalente a una quinta parte del territorio nacional.
Uno de los ríos afectados es Nanay, que recorre Loreto. El fiscal indicó que, a partir de estudios de impacto ambiental en 277 personas que viven en sus alrededores, se ha verificado que tienen 5 veces más plomo en la sangre que lo que permite la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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“Esta organización permite 2 miligramos como máximo y a estas personas se ha encontrado, luego de los exámenes, que tienen 10 miligramos; es decir 5 veces más. ¿Qué genera el plomo en la salud? cáncer, malformaciones y otro tipo de situaciones”, cuestionó.
En ese sentido, reveló que solo el año pasado en Puerto Maldonado se han echado al agua un total de 181 toneladas de mercurio producto de los procesos de minería ilegal.
La minería ilegal contamina los afluentes de los ríos
“Para que se imaginen, esta cantidad sólo se podría cargar en 60 tráilers, porque cada tráiler tiene una capacidad para cargar 30 toneladas. Esa cantidad de mercurio se ha vertido solo en Puerto Maldonado, por eso son los índices de contaminación en el río”, lamentó.
DEFORESTACIÓN Y AFECTACIÓN DE ÁREAS NATURALES
En cuanto a la deforestación, solo en Madre de Dios la minería ilegal ha causado la pérdida de más de 64,000 hectáreas entre los años 2010 y 2017, el doble que en los últimos 26 años.
Las pérdidas socioambientales superan los US$ 593 millones solo en tres comunidades indígenas que viven en la Reserva Nacional Amarakaeri.
Fuente: Fiscalía
La Fiscalía también advirtió que Áreas Naturales Protegidas como Tambopata, Bahuaja Sonene y Amarakaeri sufrieron deforestaciones importantes debido a esta actividad ilegal.
Respecto a la primera reserva nacional, perdió 421 hectáreas, mientras que la segunda y tercera área protegida registran 40 y 119 hectáreas deforestadas, respectivamente.
“Una reserva nacional es un lugar en donde no se puede entrar a hacer actividad minera, pero lo mineros ya han ingresado y han invadido las zonas de amortiguamiento”, advirtió.
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