En medio del incremento de la inseguridad en el país, continúa la venta ilegal de chips de telefonía móvil en las calles sin la respectiva verificación biométrica, entre otros controles. Esto, a pesar de que, en agosto pasado, se aprobó una ley que castiga hasta con 4 años de prisión a aquellas personas que activen en forma irregular líneas de servicios móviles, así como vendan SIM Card de forma ambulatoria.
Esta modalidad no solo facilita la exposición de datos personales para fines ilícitos, sino que convierte los celulares en un arma fundamental para los extorsionadores, lo que es gravísimo.
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Precisamente, el suspendido presidente de Osiptel, Rafael Muente, advirtió que el 75% de las ventas de líneas prepago se realizan en el mercado informal, lo que facilita las actividades delictivas como la extorsión, por el uso indebido de celulares.
“La desaparición de la venta de chips en las calles representaría un golpe tan fuerte a los ingresos que prácticamente golpearía definitivamente a las empresas de telefonía”, indicó el último miércoles a RPP, tras enfatizar que existe un interés claro de estas compañías en que las ventas de estos chips en las calles sigan ocurriendo.
Frente a esta problemática, desde el Ministerio Público consideraron que estas empresas de telefonía, como Claro, Entel, Movistar o Bitel, podrían tener una responsabilidad penal si es que no implementan un protocolo de prevención para frenar el comercio indiscriminado de chips en las calles. Expertos consultados por Gestión analizan este eventual escenario.
El suspendido presidente de Osiptel, Rafael Muente, advirtió que el 75% de las ventas de líneas prepago se realizan en el mercado informal. (Foto: Andina)
LAS EMPRESAS Y SU RESPONSABILIDAD: POSICIONES A FAVOR Y EN CONTRA
El abogado penalista Carlos Caro consideró que las empresas de telefonía móvil no solo deberían de tener responsabilidad administrativa por la venta ilegal de estos chips, sino también penal. A su juicio, esta medida sería un buen incentivo para que estas compañías tomen con más seriedad el asunto.
“Hoy en día iniciar un proceso administrativo en Osiptel tarda, demora, es un poco lento. A veces el incentivo penal puede ser más fuerte por el tema reputacional. Entonces, si a una empresa u operador telefónico se le pone sobre la mesa la posibilidad de que sean procesados penalmente por una actividad dolosa o negligente que devenga de este tema, van a tener un gran incentivo para evitarlo”, indicó a este diario, tras precisar que la sanción debería estar enmarcada en lo dispuesto por la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio.
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“Esa norma estipula varias sanciones. Hay multas a las empresas, puede implicar también la cancelación de las autorizaciones, la pérdida parcial de una licencia, etc.”, añadió.
En tanto, el especialista en derecho y defensa del consumidor, Jaime Delgado, y el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres, coincidieron en señalar que estas compañías no han sido rigurosas al momento de frenar la comercialización indiscriminada de líneas prepago, por lo que deberían responder de forma penal.
“Ese problema no es nuevo, lo tenemos desde hace 20 años. Lamentablemente las empresas han privilegiado la venta de líneas prepago por doquier, porque eso le genera tráfico. El Osiptel les han puesto cientos de multas que, creo, que ni siquiera las pagan y eso no ha sido disuasivo, porque al parecer los montos de las multas son inferiores a los beneficios que las compañías pueden recibir con la venta de líneas de forma ambulatoria”, cuestionó Delgado.
Erick Iriarte, experto en derecho digital, tiene una postura distinta. A su juicio, el atribuir responsabilidad penal a las empresas de telefonía no sería un camino idóneo, al advertir que las organizaciones criminales pueden utilizar otros mecanismos, como una identidad falsa, o adquirir chips electrónicos.
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“La norma se enfoca en los chips físicos, pero, por ejemplo, si algunos han viajado, tienen una cosa que se llama eSIM o SIM electrónicos que no se venden físicamente y, por ejemplo, esta norma no lo regula. Si el efecto fue tratar de regular la venta ambulatoria de chips, lo que vamos a ver es que van a dejarlo de vender ambulatoriamente y van a comenzar a comprar chips digitales directamente”, alertó en diálogo con RPP.
Osiptel informó que entre abril a octubre de este año se han bloqueado más de 1.8 millones de celulares vinculados a crímenes como la extorsión y el sicariato.
A inicios de este mes, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, entre abril a octubre de este año, se han bloqueado más de 1.8 millones de líneas de celulares vinculados a crímenes como la extorsión y el sicariato. Además, en los últimos cinco años se impuso multas por más de S/ 125 millones a las empresas operadoras, al permitir la venta de chips móviles en las calles.
A través de un comunicado, Claro Perú expresó su rechazo a la venta ilegal de chips sin verificación biométrica y exigió sanciones penales más severas contra los vendedores y compradores. En tanto, Movistar Perú informó que iniciará acciones legales contra quienes vendan sus chips en la vía pública.
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CONGRESO PONE EN LA MIRA A LOS GERENTES Y DIRECTIVOS
El congresista Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular, presentó un proyecto de ley con la finalidad de sancionar a los gerentes de las empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones por la venta ilegal de chips en las calles.
“El que ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años y con una multa de 365 a 730 días multa”, señala la propuesta.
También se precisa que será reprimido con la misma pena “el director, administrador o gerente de la empresa prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones” que, participe con dolo o culpa en el planeamiento, realización, ejecución o control de acciones que conlleven a la comercialización o contratación de estos chips.
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Cáceres saludó la presentación de esta iniciativa, al considerar que es necesario imputar responsabilidad penal a los gerentes generales y directivos de estas empresas de telefonía móvil, quienes son los que participan y toman decisiones en relación a este tema.
“Es que no han dejado otra opción al Congreso que la presentación de un proyecto de ley, como este. No hay otra alternativa, con su comportamiento reiterado, ellos están orillando a que el Parlamento tome una medida como esta. O sea, al final los responsables son estos gerentes que no han sabido estar a la altura de las circunstancias”, aseveró.
Desde el Ministerio Público consideraron que las empresas de telefonía deberían tener responsabilidad penal por la venta ilegal de chips en las calles. (Foto: GEC/ VIOLETA AYASTA)
Para Caro, esta propuesta no sería eficaz, al recordar que, en materia penal, la responsabilidad es personalísima. Según dijo, un gerente general o director no está presente en la gestión diaria de una empresa, por lo que no se les podría responsabilizar por los hechos cometidos en el “último eslabón de la cadena”; es decir, la venta del chip en las calles.
“Entonces, se puede presentar la ley y aprobarla, pero no será una ley eficaz, porque no hay responsabilidad objetiva. Los gerentes y directores no responden por un cargo, responden si han tenido una intervención directa en un hecho delictivo”, apuntó, tras precisar que la sanción no debe ir contra los gerentes y directivos, sino contra la propia compañía.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
