Rafael López Aliaga llegó a CADE Ejecutivos 2025 con un fajo de papeles en la mano y un QR proyectado detrás. Buscó mostrarse firme con propuestas radicales, algunas incluso difíciles de medir.
El precandidato de Renovación Popular insistió en que su plan es una “lucha frontal” contra la corrupción, retirar al Perú de la Corte IDH y enviar a presos a “zonas no contactadas” de la Amazonía.
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Durante su presentación, López Aliaga combinó anuncios ambiciosos con críticas duras a jueces, organismos internacionales, gremios empresariales y medios de comunicación. Mientras mostraba un documento que dijo haber editado “hasta esta mañana”, ofreció cambios en seguridad, justicia, economía y salud, pero sin detallar cómo se financiarían ni cómo encajarían en la estructura del Estado.
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“Estamos comenzando con la reforma total del Poder Judicial y el Ministerio Público. Meritocracia, traer talento, línea de carrera, modelo BCR”, dijo.
Acto seguido, insistió en el “retiro inmediato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, a la que acusó de defender “terroristas y sicarios”, pese a que la Corte es un organismo internacional con competencias que el Perú aceptó voluntariamente.
El eje de su intervención giró alrededor de una premisa: seguridad y justicia como condiciones para atraer inversión. Anunció que, de llegar al poder, destinaría más de US$ 1,000 millones a inteligencia policial y militar -“cámaras, drones, interceptación, central de recompensas”- y propuso enviar a delincuentes de alta peligrosidad a cárceles en “zonas no contactadas” de la Amazonía, sin detallar cómo se compatibilizarían dichas medidas con estándares de derechos humanos.
“Tenemos algo que no tiene El Salvador: áreas aisladas sin internet y con restricción total. Ahí van las cúpulas”, afirmó.
Como parte de su discurso anticorrupción, retomó su enfrentamiento con Odebrecht y Brookfield. Expuso que su propuesta incluye una demanda ante el CIADI por US$ 3,000 millones y la incautación inmediata de los activos que queden de la constructora brasileña.
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La economía según López Aliaga
Su planteamiento económico combinó recorte del aparato estatal, incentivos privados y megaproyectos de infraestructura.
“Reducir el Estado. Comprar renuncias. Suspender órdenes de servicio. Tener KPIs para todos”, enumeró.
Recordó que dejó la Municipalidad de Lima “con ratio 60% inversión y 40% gasto corriente”, aunque la Contraloría ha cuestionado varios aspectos de su gestión, y dijo que ese mismo modelo se aplicaría a nivel nacional.
Entre sus anuncios: ampliar el sistema de Obras por Impuestos (“50% al MEF, 50% directamente en obras”), crear un “Plan Sur Andino” con zonas francas por 30 años y permitir que cada trabajador retire libremente sus fondos de AFP para abrir cuentas previsionales sin comisiones.
Incluso planteó una “Cripto Moneda Perú” respaldada en oro andino. También defendió eliminar la doble tributación para atraer fondos soberanos de Estados Unidos, Arabia y Qatar.
“No es falta de capacidad, es falta de voluntad política”, dijo, sin especificar cómo compensaría la pérdida temporal de recaudación.
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La defensa de su gestión
Las preguntas del panel revelaron tensiones y contradicciones que generaron los momentos más críticos de su participación.
Consultado sobre el manejo financiero de Lima y el uso de endeudamiento a futuro, respondió: “Me encontré una empresa con menos 400 millones de EBITDA. Gente que cobraba y no trabajaba… yo no tengo piedad con eso, ni en el sector privado ni en el público”.
Afirmó que su emisión de bonos subnacionales fue “premiada mundialmente”, aunque evitó explicar los riesgos señalados por especialistas respecto a comprometer ingresos municipales a largo plazo.
Cuando se le preguntó por la seguridad jurídica para inversionistas, sostuvo: “Yo seguridad jurídica la doy para gente decente. No voy a pactar nunca con la corrupción”.
Recalcó que sus viajes a Emiratos, Qatar y Arabia Saudita fueron autofinanciados, pero no aclaró si alguno generó compromisos de inversión específicos.
Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando se le consultó sobre su supuesta cercanía con mineros ilegales.
“Es una difamación gravísima”, respondió. Y desafió al panelista Carlos Gálvez: “Pruébame un minero ilegal y te pago 100 mil dólares”.
López Aliaga aseguró que expulsó a todos los integrantes de la Confemin de su partido, entre ellos Máximo Franco Bequer.
La política minera: revocar concesiones clave y redistribuirlas. La propuesta inquieta a las grandes corporaciones mineras que operan en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre y un actor clave en oro, plata y zinc.
“Las áreas ociosas van a revertir al Estado si no son utilizadas por la industria formal”, declaró Rafael López Aliaga.
De acuerdo con Bloomberg, el temor a la revocación de derechos mineros es la principal preocupación de la industria en conversaciones privadas, aunque rara vez se menciona en público. Si se implementara, tendría un enorme impacto sobre el sector más importante del país y en empresas como Southern Copper Corp., MMG Ltd. y First Quantum Minerals, que denuncian que parte de sus concesiones fueron tomadas por mineros ilegales.
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Déficit fiscal, Petroperú y el rol del Congreso
Sobre el déficit fiscal, calificó la situación como “una bomba atómica” y pidió que el Tribunal Constitucional intervenga para frenar las leyes de gasto aprobadas por el Congreso.
Respecto a Petroperú, dijo que en un eventual gobierno suyo la empresa sería transferida a los trabajadores.
“Si no la sacan adelante, es un tema de Indecopi. Pero el aval del Estado se cumple siempre”, señaló.
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Salud, regiones y el Estado que imagina
En salud, señaló que no quiere “pacientes, sino ciudadanos bien alimentados”. Propuso implementar “hospitales solidarios” -clínicas alquiladas o compradas que operen con volumen y tarifas bajas- y gerencias privadas para Minsa y Essalud.
Prometió también un programa nacional de alimentación desde el embarazo hasta la secundaria, sin precisar financiamiento.
Sobre la regionalización, atribuyó los problemas a “grasas, asesores y planillas inútiles”. Dijo que condicionaría la entrega de recursos a metas vinculadas a inversión: “50% infraestructura, 50% gasto corriente”.
Relató que, en Lima, ascendió a jóvenes profesionales “brillantes” a cargos gerenciales.
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La audiencia reaccionó con aplausos moderados. La presencia de López Aliaga en CADE dejó una propuesta cargada de anuncios ambiciosos, medidas de choque y confrontación discursiva.
Sin embargo, también deja amplias dudas sobre viabilidad, financiamiento y compatibilidad institucional en un eventual gobierno suyo.
Escribo sobre política, economía, defensa y afines. Nueve años contando historias y analizando problemáticas en prensa escrita, radio y televisión.
