Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ampliar por cinco años más el plazo que tenía el Gobierno para cumplir con la sentencia que los obligaba a reducir el hacinamiento en las cárceles del país, la presidenta de dicha institución, Luz Pacheco, justificó la medida al señalar que el tema “no se podía dejar en el aire”.
En diálogo con Canal N, indicó que, tras analizar los documentos remitidos por el Gobierno, su institución concluyó que existe un plan nacional penitenciario hasta el 2030 y que esta problemática no se podía dejar de atender, por lo que enfatizó que se hacía necesario poner “una meta”.
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“Hay un plan nacional aprobado por norma que es hasta el 2030, que es un plan de política nacional en ambiente penitenciario. Toda la reestructuración, todo lo que se ha visto es hasta el 2030, eso es lo que nos han informado, son los documentos que tenemos”, señaló la noche del último miércoles.
Respecto al plazo adicional de 5 años para cumplir con la sentencia, Pacheco justificó el tiempo otorgado al señalar que no es una fecha que se les haya ocurrido, sino que “había que poner algo”.
“No es una fecha que se nos haya ocurrido, pero había que poner algo. No podíamos decir: ‘señores no cumplieron y aquí nos quedamos’. No podíamos dejar eso en el aire, había que poner una meta nuevamente. Nosotros no hemos dicho que cierren los penales”, apuntó.
En ese sentido, consideró que ha habido una reacción del Estado “muy importante” tras emitirse la sentencia del TC en el año 2020 y resaltó que el actual Gobierno ha logrado avances en la materia.
“Lo que veíamos nosotros, por un lado, es que sí ha habido una reacción del Estado después de esta sentencia, que ha sido muy importante. No ha sido notorio (el deshacinamiento después de la sentencia) porque es un problema antiguo”, manifestó.
“Una de las razones es el covid-19, después este tifón (ciclón Yaku), no sé qué otro problema climático fuerte hubo en el Perú y los recursos se fueron a Salud, no fueron a Justicia, hubo problemas para invertir. A partir del 2023, ya es responsabilidad de este gobierno, no en el anterior, se ve que han estado trabajando y siguen trabajando”, agregó la magistrada.
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GOBIERNO DEBERÁ INFORMAR CADA AÑO SOBRE LOS AVANCES
En otro momento, la presidenta del TC enfatizó que el Gobierno está obligado a informar sobre los avances en el deshacinamiento de los penales en enero de cada año.
“Vamos a ir cada año, en enero de cada año ellos están obligados a informar. En el 2030 acaba el plan, hemos pedido la cuenta anualmente. Es un problema nacional, no de nuestro colegiado ni del Gobierno actual”, dijo.
Añadió que los cambios que realizará el Gobierno a la situación penitenciaria en el país se tiene que hacer a nivel estructural.
“No solamente es crear más prisiones, sino tiene que ver con las prisiones preventivas, que la mitad de la gente que está en la cárcel no tiene todavía condena. Es todo un sistema estructural, por eso nosotros hemos creímos que no era conveniente poner nuevamente una fecha, pero sí insistir que anualmente vayan diciendo para, en todo caso, ayudar”, acotó.
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