El expresidente Martín Vizcarra ha presentado una solicitud formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de recuperar sus derechos políticos y postular a la presidencia en las elecciones generales de 2026.
Así lo confirmó su abogado, Erwin Siccha, quien explicó que esta acción internacional se produce tras agotar todas las vías judiciales internas.
“Ya se presentó la petición ante la CIDH para que se declare la responsabilidad internacional del Estado peruano y se restituyan los derechos políticos del señor Vizcarra”, afirmó Siccha.
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Según la defensa del exmandatario, las inhabilitaciones impuestas por el Congreso constituyen una vulneración de sus derechos fundamentales.
Vizcarra enfrenta dos sanciones que actualmente le impiden ejercer cargos públicos. La primera es una inhabilitación de 10 años, aprobada por el Congreso en 2021, por haberse vacunado en secreto contra la COVID-19 mientras era presidente, en el escándalo conocido como “Vacunagate”. Esta sanción fue ratificada por el Poder Judicial en 2024, al declararse infundada su demanda de amparo.
La segunda inhabilitación, por un periodo de 5 años, fue dictada en 2022, al encontrarse responsabilidad política en su desempeño como ministro de Transportes y Comunicaciones por no haber renunciado a la gerencia de la empresa familiar C y M Vizcarra SAC, lo que infringiría el artículo 126 de la Constitución.
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A estas sanciones políticas se suma una investigación fiscal que podría complicar aún más sus aspiraciones. El Ministerio Público ha solicitado una pena de 15 años de prisión y 9 años de inhabilitación por presunto cohecho, en el marco de las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo, ejecutadas durante su gestión como gobernador regional.
A pesar del escenario adverso, Vizcarra ha reafirmado su intención de competir en las elecciones del 2026. Mientras espera una respuesta de la CIDH, mantiene una activa presencia en redes sociales y participa en actividades públicas, con miras a consolidar una eventual candidatura.
La decisión final de la CIDH podría marcar un precedente en la política peruana y definir el futuro del expresidente, quien fue destituido por el Congreso en 2020 en medio de acusaciones de incapacidad moral.
