
El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche recluido en el Penal de Barbadillo (Ate), tras ser sentenciado a 14 años de prisión efectivo por la comisión del delito de cohecho pasivo propio en el marco de los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Sin embargo, el exmandatario nuevamente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, ya que afrontará un segundo juicio oral por este mismo caso, pero por diferente delito.
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El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Víctor Alcocer Acosta, emitió el auto de enjuiciamiento contra Vizcarra, al declarar la validez formal y material de la acusación presentada por la Fiscalía en su contra por el presunto delito de colusión simple.
En una resolución emitida el pasado lunes 24 de noviembre, al que accedió RPP, el magistrado remitió todo lo actuado al Juzgado Penal Colegiado Nacional, a fin de que fije fecha y hora para el inicio del juicio oral contra el expresidente por este mismo caso.
A Vizcarra se le acusa de haber favorecido a dos consorcios empresariales (Obrainsa e ICCGSA) con el otorgamiento de la adjudicación de la buena pro en las licitaciones para la ejecución del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2, a cambio de un monto de dinero.

Por este hecho, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, pidió que se le imponga al exmandatario una pena de 10 años de prisión efectiva, así como el pago de S/39,390 por concepto de días multa.
En tanto, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicitó que Vizcarra y los demás coprocesados paguen de forma solidaria la suma de S/ 37′956,134.76 por concepto de reparación civil a favor del Estado.
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LOS ESCENARIOS DEL NUEVO JUICIO ORAL: ¿LAS PENAS CONTRA VIZCARRA SE SUMARÁN?
En diálogo con Gestión, el abogado penalista Andy Carrión indicó que el inicio de este nuevo juicio oral contra Vizcarra es indefectible, por lo que tendrá que realizarse; sin embargo, advirtió que sus abogados pueden apelar el auto de enjuiciamiento, lo que podría dilatar el proceso.
“Siempre lo hacen, los abogados de las defensas buscan dilatar el proceso y cuestionar el inicio de juicio oral, siempre pueden plantear nulidades por cualquier motivo, por ejemplo, podrían alegar que este caso ya ha sido juzgado y que no ameritaba otra investigación, que se quiere llevar a cabo dos procesos de un mismo hecho, pueden alegar muchas cosas; sin embargo, es usual que los jueces señalen que ese tema lo resolverán al final del proceso”, sostuvo.
En ese sentido, recordó el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien apeló el auto de enjuiciamiento en su contra por el financiamiento irregular de sus campañas electorales. Esto hizo que el inicio del juicio oral en su contra se retrase por alrededor de 6 meses aproximadamente.
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“Antes terminaba la etapa intermedia y se emitía el auto de enjuiciamiento. Eso lo derivaban directamente a los jueces de juzgamiento; sin embargo, ahora cabe la posibilidad de apelar el auto de enjuiciamiento. La respuesta a esa apelación podría durar 2 o 3 meses, lo que dilata el inicio del juicio oral”, cuestionó.
En el supuesto escenario de que no se presente ninguna apelación al auto de enjuiciamiento, Carrión enfatizó que el tribunal de juzgamiento tendrá que fijar en el más breve plazo el inicio del juicio oral. Según dijo, las audiencias serán muy céleres y la sentencia se podría conocer en menos de un año.
“Cuando ya hay un pronunciamiento previo, las cosas se aceleran más. Ya hay una dinámica conocida por los jueces, ya son hechos que están probados y están fuera de discusión para el tribunal, eso hace que se acelere. Si el juicio oral anterior contra Vizcarra duró un año, aquí podría reducirse a un tercio o la mitad de dicho tiempo, porque ya es muy célere. Hay hechos probados y un pronunciamiento anterior del mismo tribunal”, apuntó.
Al ser consultado por el escenario en que se le imponga una segunda sentencia a Vizcarra por este mismo caso, el penalista estimó que tanto esta pena como la dictada el día de ayer (14 años) se ejecutarían en paralelo y no podrían sumarse.

Explicó que, por el principio de absorción, la pena más alta se impondrá sobre otras cuando hayan 2 o 3 delitos adicionales, pero vinculados a un mismo hecho, tal como ocurre en este caso.
“Si la nueva sentencia contra Vizcarra sale el próximo año, tendrían que, a partir de ese momento, dejar que corra 10 años; es decir, culminaría el 2036 (...) si fuera otro hecho distinto, el expresidente, quien saldría de prisión en el año 2039, tendría que estar, a partir de esa fecha, 10 años más tras la rejas, algo que no ocurrirá”, dijo tras señalar que, por este principio, el exmandatario solo cumpliría los 14 años que se le impuso el día de ayer.
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¿CUÁLES SON LOS CASOS PENDIENTES CONTRA MARTÍN VIZCARRA?
Vizcarra no solo tendrá que enfrentar este nuevo juicio oral en su contra, sino otros casos que se encuentran pendientes tanto en el Ministerio Público como en el Congreso de la República.
El expresidente es investigado por el presunto delito de peculado doloso en el marco del caso Chirimayuni. Se le atribuye haber entregado más de S/238,000 en favor de un consorcio en el marco de la supervisión de la obra Construcción de la Infraestructura de Riego Represa Chirimayuni.
Por estos hechos, la Fiscalía de Moquegua solicitó que se le imponga una pena de 9 años y 8 meses de prisión efectiva, así como una inhabilitación por 2 años y 8 meses para ejercer función pública y el pago de una reparación civil de S/697,226.41.
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Vizcarra también enfrenta denuncias constitucionales en el Congreso de la República. A inicios de este mes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y colusión simple y agravada.
De acuerdo con la tesis fiscal, el exjefe de Estado habría liderado la presunta organización criminal denominada “Los Intocables de la Corrupción”, la cual se habría enquistado en Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Esta red se habría creado con la finalidad de direccionar licitaciones y contrataciones públicas fraudulentas para obtener beneficios económicos. Los testimonios de colaboradores eficaces lo sindicaron como uno de los receptores del dinero recaudado.
El Pleno del Congreso también tiene pendiente debatir una acusación constitucional contra el exmandatario por la irregular adquisición de las llamadas “pruebas rápidas” durante la pandemia del covid-19 y la supuesta concertación ilícita para beneficiar a empresas particulares a través de compras directas. Se le atribuye el delito de colusión agravada.

Finalmente, el caso “Richard Swing” sigue siendo una preocupación para Vizcarra. La Corte Suprema de Justicia aún no ha decidido si acepta la ampliación de la investigación preparatoria seguida contra el exmandatario por los presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado o si el caso se cerrará, tal como lo dispuso el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, en febrero pasado.
La Fiscalía investiga las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020, a favor de Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, quien ganó nueve órdenes de servicio por un total de S/175,000. Un informe de la Contraloría General de la República determinó que dichos pagos fueron otorgados de manera irregular, debido a que el artista no cumplía con los perfiles técnicos requeridos para realizar el servicio.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.








