El último lunes, el general PNP en retiro Julio Díaz Zulueta juró como nuevo ministro del Interior en reemplazo del censurado Juan José Santiváñez. El nuevo miembro del gabinete ministerial se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública del sector antes juramentar en el cargo.
Tras conocerse esta noticia, diversos medios de comunicación reportaron que el nuevo titular del Interior registra investigaciones en su contra, así como un pasado político en Alianza para el Progreso (APP).
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Al respecto, el Ministerio del Interior aseguró que Díaz Zulueta “no cuenta con procesos judiciales ni administrativos en su contra”.
A través de un comunicado publicado este martes, señalaron que desde noviembre del 2023 a la fecha el general en retiro “no tiene afiliación con ningún partido político, como se viene asegurando en diversos medios”.
El Mininter también enfatizó que Díaz Zulueta viene cumpliendo con la asignación de alimentos, de acuerdo a ley, por lo que, según recalcaron, “no genera ninguna incompatibilidad, restricción legal y/o moral para ejercer un cargo público”.
Esto, tras conocerse que el actual ministro, cuando postuló en las elecciones del 2022, declaró en su hoja de vida que afronta tres procesos por demandas de alimentos. El más antiguo tiene como fecha de origen 1995, en la que un juzgado falló a favor de un “aumento de alimentos”.
Por este último proceso, según reveló el diario El Comercio, una jueza de Lima ordenó en el año 2024 a la Caja Militar Policial retener el 10% de su pensión mensual y otros beneficios que pueda recibir en favor de la madre de su hija, quien ya es mayor de edad.
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Las denuncias en su contra
En el año 2020, Díaz Zulueta, cuando se desempeñaba como jefe de la Macroregión Policial Lambayeque, fue separado del cargo por su institución tras verse involucrado en un caso de presuntas irregularidades en compras de equipos de bioseguridad frente al covid-19.
Cuatro años después, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar en su contra por el plazo de 120 días junto a Santiváñez y al secretario general del sector, Anatoly Bedriñana. Se le imputa el presunto delito de negociación a raíz de “omisiones, acciones o decisiones adoptadas o ejecutadas” en su puesto de viceministro de Seguridad Pública.
En diciembre pasado, el Mininter firmó un contrato por S/ 80,000 para costear la defensa del actual ministro por el plazo de un año.
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