Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ampliar por cinco años más el plazo que tenía el Gobierno para cumplir con la sentencia que los obligaba a reducir el hacinamiento en las cárceles del país, el Ministerio de Justicia calificó de “prudencial” el tiempo adicional otorgado.
En diálogo con Canal N, el ministro del sector, Enrique Alcántara, reiteró el compromiso del Ejecutivo de cumplir con la sentencia del organismo constitucional antes del 2030, si las condiciones lo permiten.
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"Este es el resultado de una serie de acciones que ha venido ejecutando el Ministerio de Justicia y que nosotros continuaremos con mucho ahínco, con mucho énfasis para que en el 2030, o si fuera antes, podamos lograr el objetivo que es el deshacinamiento de los penales”, indicó el último martes.
Según dijo, el Minjus no pidió al TC un plazo adicional específico, al recordar que el pasado 24 de abril remitieron un oficio a dicha institución en el que le recordaron las “circunstancias innegables” que dificultaron el cumplimiento de la sentencia, como la pandemia del covid-19 y los impactos del ciclón Yaku.
“Estos fenómenos que eran imprevisibles obligaron al Estado peruano a priorizar otro tipo de situaciones. Nosotros no pedimos un plazo específico, pero consideramos que este era un tiempo prudencial para cumplir con la sentencia emitida en el 2020″, acotó.
Alcántara recalcó que el Gobierno no espera usar todo ese tiempo otorgado por el TC y que trabajan para cumplir este objetivo antes del plazo fijado. Estimó que la sentencia sería cumplida en dos años y medio; es decir, hacia junio y julio del 2028.
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PJ TIENE ÚLTIMA PALABRA EN BENEFICIOS PENITENCIARIOS
En otro momento, Alcántara recalcó que ni el INPE ni el Minjus pueden otorgar beneficios penitenciarios.
“Corresponde al Poder Judicial evaluar las condiciones de cada interno”, dijo tras recordar que estos beneficios no se aplican de forma automática.
Aunque evitó entrar en detalles sobre los casos específicos de los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, recalcó que ambos deben pasar por sus respectivas etapas procesales y aseveró que la norma que beneficia a mayores de 80 años será aplicada en base a criterios técnicos, no políticos.
Reconoció que existen internos mayores de 80 años en situación humanamente precaria dentro de los penales. En ese sentido, consideró que sería conveniente que quienes cumplan los requisitos legales puedan acceder al beneficio de cumplir sus condenas en casa.
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