En un anuncio que sorprendió a propios y extraños, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, informó el último domingo que desde el Gobierno de Dina Boluarte se está impulsando un proyecto de ley para que los medios de comunicación de manera obligatoria difundan, a través de una “franja informativa”, las acciones del Estado ante los estados de emergencia, lo que fue cuestionado por expertos.
Esta mañana, el viceministro del sector, Juan Alcántara, dio más detalles de la propuesta. En diálogo con RPP, explicó que se busca modificar la Ley de Radio y Televisión para que la “franja informativa”, que tendría una duración de 40 minutos, se emita entre las 6:00 p.m. y las 11:00 p.m.
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“Estamos proponiendo que no sea superior al 3% de la producción diaria de las noticias. (Eso significa) 40 minutos aproximadamente. Tengamos en cuenta que esto es un plazo máximo, no un plazo obligatorio”, acotó.
El funcionario justificó la iniciativa del Gobierno al recordar que la normativa actual ya establece la difusión de campañas informativas en caso de emergencias y desastres naturales, además de los estados de excepción.
“Este deber de colaboración de los medios privados ya existe en la norma, lo que pasa es que no está regulado. Lo que nosotros queremos es simplemente determinar de qué manera esta colaboración puede hacerse efectiva”, sostuvo.
En ese sentido, añadió que una resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) establecería la modalidad de la difusión de noticias en la franja.
“El contenido simplemente es la data oficial que tiene el Poder Ejecutivo en estado de emergencia, en este caso si fuera la lucha contra la inseguridad ciudadana lo que queremos difundir son las cifras oficiales que se tienen respecto a las intervenciones policiales”, apuntó.
Alcántara también adelantó que el proyecto de ley no solo se aplicaría en materia de seguridad ciudadana, sino también en régimen de excepción, como emergencias sanitarias, catástrofes naturales, etc.
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No se busca ensalzar los “logros del Gobierno”
En otro momento, el viceministro dijo que el Minjus está sorprendido ante las reacciones suscitadas por la propuesta, al señalar que no se pretende restringir la libertad de expresión y de prensa.
“Estamos un poco sorprendidos por las reacciones que se han presentado, en el sentido de que este proyecto normativo pretenda restringir la libertad de expresión, la libertad de prensa. Nada más alejado de la realidad. Lo que nosotros simplemente queremos es que se integren los servicios de información estatales con los servicios de información públicos”, sostuvo.
También descartó que lo que se vaya a difundir se trate de una propaganda estatal, sino “información y data oficial”. En ese sentido, negó que se pretenda “ensalzar” logros del Gobierno y que es más bien una colaboración, no una obligación.
“Yo no podría adelantarme porque todavía es una propuesta. No podríamos establecer sanciones ni nada por el estilo. Es una propuesta que tiene que analizarse. Yo entiendo que no tendría por qué haber ninguna sanción, pero la norma no habla de sanción”, dijo tras no descartar que la norma sea mejorada en el Consejo de Ministros.
Finalmente, reiteró que la intención del Ejecutivo no es imponer, no es obligar, simplemente es “desarrollar el deber de colaboración” que deben de tener los medios de comunicación privados.
“El problema que nosotros tenemos es que si bien el Estado tiene sus propios medios, no son suficientes para llegar a toda la población. Si hablamos del diario El Peruano, es un diario especializado que si bien difunde las actividades que se tienen que realizar, no es un medio que sea leído por toda la ciudadanía. Esto es diferente al apoyo y colaboración que nos pueden prestar los medios privados”, enfatizó.
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