El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que el reglamento de la norma que regula las obligaciones y sanciones para las empresas operadoras de telecomunicaciones impedirá que los penales tengan señales externas de telefonía.
“Se debe firmar la norma por la cual se pone en vigencia la responsabilidad de los operadores de telefonía para que controlen que no haya señales electromagnéticas que ingresen a penales y centros juveniles”, indicó.
Durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso, Arana explicó que el reglamento establece que la responsabilidad de las señales electromagnéticas será de los operadores y, en consecuencia, no podrán disponer de señal a los penales.
El reglamento del Decreto Legislativo 1688, que regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en penales, se firmará hoy, anuncio el ministro.
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Asimismo, precisó que en los próximos meses entrarán en funcionamiento los bloqueadores en 33 penales a cargo de una empresa privada, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) levantó las observaciones administrativas.
Dijo que de 17 bloqueadores que había se ha pasado a 26. “La empresa a cargo de los bloqueadores, se ha comprometido a actualizar el sistema para que funcionen a la perfección”, refirió.
Informó además que a partir del 2024 los penales de Ancón I y Challapalca cuentan con Inteligencia Artificial (IA) para el control, y que se ha ido incrementando la unidades de albergue en los penales de Abancay, Iquitos y otros, en el marco de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Ante la referida comisión informó además que hay 102,107 internos en 68 establecimientos penitenciario, lo que refleja que existe un 144 % de sobre población.
Fuga en Lurigancho
Respecto a la fuga de un interno en el penal de Lurigancho, Arana precisó que tras este hecho se han identificado a los agentes penitenciarios que estaban a cargo de la seguridad en los puntos vulnerados, contra quienes se han iniciado las acciones disciplinarias correspondientes. Asimismo, se ha pedido la renuncia al jefe del INPE.
En paralelo, dijo que ha puesto en conocimiento del Ministerio Público, que también realiza una investigación.
