De acuerdo con Canal N, el titular del Interior presentó ante el despacho del Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de Lima Centro, Marco Carrasco Campos, una queja funcional contra el fiscal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), Carlos Ordaya López.
En el documento se le atribuye a Ordaya una presunta inconducta funcional debido a que habría cometido irregularidades en la investigación contra Santiváñez cuando este ya ostentaba el cargo de ministro del Interior, condición que le otorgaba fuero especial.
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El fiscal habría realizado actos de investigación en contra del miembro del Gabinete Ministerial sin su conocimiento, cuando ya tenía la condición de aforado.
Además, se le acusa de ordenar la inclusión del ministro en una pesquisa que estaba a cargo de un despacho fiscal sin competencia para investigar a altos funcionarios
Ahora, la Oficina de Control Interno del Ministerio Público deberá evaluar la queja y determinar si corresponde iniciar un proceso disciplinario en contra de Ordaya.
En setiembre del año pasado, el EFICCOP amplió la investigación del caso ‘Los Waykis en la Sombra’ e incluyó a Santiváñez, atribuyéndole tres presuntos delitos: tráfico de influencias, cohecho activo genérico y encubrimiento real.
Según la tesis fiscal, el ministro habría desplegado diversas conductas contrarias a la ley, quebrantando su deber primero como jefe de Gabinete de Asesores y, posteriormente, como viceministro del Mininter.
Una de las conductas de Santiváñez habría sido “planificar, ejecutar y encubrir” a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
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Son hechos “muy graves”
En diálogo con la prensa, el titular del Interior ratificó que fueron sus abogados quienes interpusieron la queja contra el fiscal, por lo que descartó que este tipo de acciones afecten su labor en el Gobierno.
“Quienes hacen la defensa y quienes han interpuesto estas acciones son mis abogados y a estos les estoy pagando yo, de mi sueldo. Ellos han interpuesto justamente la queja contra el fiscal Ordaya, la queja ha sido admitida por la Autoridad Nacional de Control”, acotó.
Para el ministro, se tratan de hechos que podrían ser considerados como “muy graves” ya que, según sus abogados, se vulneró el debido proceso en la investigación que lo involucra.
Entre los aspectos que cuestiona, es que la pesquisa se haya mantenido como reservada, según él, por más de 30 días sin una autorización judicial.
“¿Cuál es el poder que tiene o que le da la norma para hacer este abuso? Que una persona pueda ser ministro, policía, militar, funcionario, no significa que tengo que renunciar a sus derechos fundamentales”, cuestionó.
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