
El Poder Judicial rechazó el recurso de excepción de improcedencia de acción presentado por Zenovia Herrera Vásquez, exjefa del programa Qali Warma en la región San Martín, dentro del proceso que se le sigue por presunta pertenencia a una organización criminal denominada ‘Los Waykis en la Sombra’.
Esta organización estaría liderada, según la Fiscalía, por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
La resolución judicial, deja firmes las imputaciones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo propio contra Herrera y los demás investigados.
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La defensa de la exfuncionaria argumentó que la Fiscalía había aplicado incorrectamente la Ley 32138 emitida en octubre de 2024 al ampliar la calificación del delito, cuando debía haberse aplicado la Ley 32108, que fija una pena mínima mayor. Sin embargo, el juez rechazó este planteamiento.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Nicanor Boluarte habría ejercido control de facto sobre funcionarios públicos, como Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno del Interior, con el objetivo de copar políticamente las designaciones de subprefectos y prefectos en regiones como Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca.
La finalidad sería asegurar influencia política en puestos clave a nivel nacional.
Tales imputaciones han sido negadas por los acusados.

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La defensa de Herrera también solicitó el archivo del delito de tráfico de influencias, al alegar que Boluarte no era funcionario público y que las designaciones cuestionadas no estaban sujetas a un proceso contencioso.
No obstante, el juez desestimó este argumento, indicando que lo relevante es la influencia ejercida ante un funcionario público como Ortiz Marreros, quien tenía la competencia para designar subprefectos.