A través de sus redes sociales, la legisladora de Renovación Popular, Norma Yarrow, denunció que el Gobierno no cumplió con el plazo de cinco años fijado por Tribunal Constitucional (TC) para solucionar el hacinamiento en las prisiones del país.
Recordó que de los seis centros penitenciarios que debieron haber sido cerrados para no recibir más internos, solo el Penal Miguel Castro Castro lo viene haciendo.
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“Hoy se cumplen los cinco años que el TC dio como plazo al Estado para que solucione el hacinamiento en las cárceles ¿Este gobierno cumplió? No. De los seis penales que se deben cerrar para que no reciban más internos sólo el Castro Castro lo hace ¿El TC dará una prórroga? Esperemos que no y se identifiquen a los responsables”, escribió en su cuenta de la red social “X”.
Este mes se cumplió el plazo de 5 años que el TC dio en una sentencia para que desde el Ejecutivo se solucione la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país, que actualmente supera las 94,000 personas.
En el fallo del TC, según informó el diario El Comercio, se estableció que “existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue”.
Además, ordenó que si en 5 años no se adoptaban las medidas para superar ese estado, las prisiones debían cerrarse, empezando por las seis más sobrepobladas cuando el plazo venciera; es decir, no podrán recibir a nuevos internos.
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DECLARAN EN EMERGENCIA EL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO
En noviembre del año pasado, el Gobierno dispuso la declaratoria de emergencia en el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por un plazo de 24 meses. Esto ante una aguda crisis en las últimas décadas por la sobrepoblación en los penales.
La norma fue oficializada a través del Decreto Supremo 014-2024-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, por razones de déficit de capacidad de albergue en los penales y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de la libertad.
En esa línea, se dispuso que el Ministerio de Justicia elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia en 45 días “a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, en favor de la resocialización de las personas privadas de libertad”.
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