La presidenta Dina Boluarte habría conformado un equipo cercano y estratégico dentro de Palacio de Gobierno, ubicando a personas de confianza en áreas como Secretaría General, Recursos Humanos, Integridad, Jurídica y Planeamiento, con el objetivo de que se aprueben medidas para su propio beneficio, reportó el dominical Cuarto Poder.
Según el programa periodístico, este equipo habría sido determinante en la aprobación de procesos que benefician directamente a la presidenta, como su aumento salarial y la reciente flexibilización de la normativa sobre la recepción de regalos, donaciones y beneficios similares en la presidencia, la cual ha pasado desapercibida.
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Estos funcionarios habrían impulsado la aprobación de una directiva que regula la recepción de obsequios y donaciones en el despacho presidencial, la cual permite excepciones y mayor flexibilidad en comparación con normativas previas.
El dominical expuso que la aprobación de la nueva directiva fue sumamente rápida, en menos de 24 horas. En este tiempo por varias oficinas como la de Integridad Institucional, Recursos Humanos, Planeamiento, Asesoría Jurídica y la Subsecretaría General, realizando este proceso de manera exprés para un tema de alta sensibilidad en el gobierno.
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Según precisa el reportaje, artículo 8 de la directiva prohíbe solicitar o recibir regalos, pero el artículo 11 permite múltiples excepciones, sin límite de valor, para obsequios provenientes de familiares, amigos, compañeros laborales o entregados en ceremonias y entes oficiales.
El documento fue firmado por cada uno de los miembros conformados en este grupo y aprobado por el subsecretario general del despacho presidencial, Ysmael Mayuri Quispe. El programa se comunicó con él, pero precisó que no podía dar declaraciones.
“En todo caso tiene que pedir información por transparencia, nosotros se la podemos dar, pero por teléfono no puedo ninguna declaración”, precisó Mayuri Quispe.
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Asimismo, Cuarto Poder precisa que esta directiva fue elaborada por el responsable de la Oficina de Integridad Institucional del Despacho Presidencial, Walter Enrique Zegarra Figueroa, quien habló con el programa pero pidió que su llamada no fuera difundida.
Zegarra Figueroa considera que los límites no se establecieron ya que los gobernadores y alcaldes no suelen entregar obsequios costosos. Además, minimizó las excepciones estipuladas en la directiva que él mismo redactó y añadió que Palacio de Gobierno cuenta con un órgano de control encargado de investigar cualquier posible irregularidad.
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Según Walter Palomino, abogado penalista, esta directiva, al no alinearse con los esfuerzos de prevención de la corrupción y permitir regalos de casi cualquier índole y sin topes, pueden facilitar delitos como tráfico de influencias, colusión o cohecho.
“Lo que ocurre es que cualquier directiva que esté vinculada a gestionar la entrega la recepción de algún obsequio algún tipo de beneficio o reconocimiento debe estar en sintonía con la política nacional de prevención de la corrupción esto es lo que se busca es evitar que se genera un delito y también un contexto de riesgo que pueda en el futuro conducir un delito”, precisó el abogado.
“Las excepciones podrían generar riesgo que se generen delitos como tráfico de influencias, colusión desleal, cohecho entre otros”, añadió.
El dominical Cuarto Poder reveló que este equipo habría aprobado medidas como el aumento salarial de la presidenta, así como una directiva que flexibiliza la normativa sobre la recepción de regalos. (Foto: Congreso)
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La respuesta de Presidencia
Tras la difusión del reportaje, la Presidencia de la República indicó que en ninguna parte de esta directiva se establece montos ni otros conceptos de índole económico.
Asimismo, precisaron que el objetivo de esta es establecer los lineamientos para el ofrecimiento, recepción y/o devolución de regalos, donaciones, cortesías o beneficios personales en concordancia con lo establecido en el Código de Ética en la Función Pública y su reglamento.
Además, añadió que esta directiva fue emitida conforme en el cumplimiento de lo establecido en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, así como sobre la base de la Ley de Modernización del Estado y el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Función Pública.
Por su parte, la Presidencia de la República respondió indicando que en ninguna parte de esta directiva no se establece ni montos ni otros conceptos económicos. Foto: GEC
