La Sala Penal Especial de la Corte Suprema prosigue con el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, la ex primera ministra Betssy Chávez Chino y otros involucrados, quienes enfrentan cargos por delitos de rebelión.
La audiencia comenzó con la asistencia de todos los procesados, incluido el ex jefe de Estado, quien estuvo ausente en las tres sesiones previas por razones de salud. No obstante, durante el proceso de identificación, el exmandatario se negó a acreditarse.
A solicitud de la defensa de Pedro Castillo, la Sala ordenó que un médico legista evalúe el estado de salud del acusado para determinar su capacidad de permanecer en la audiencia. Tras esta disposición, Castillo abandonó la sala y la sesión entró en receso.
LEA TAMBIÉN: Golpe de Estado: Castillo intentó retirarse de sala de audiencias e insultó a fiscales
El exmandatario reapareció luego de haber levantado su huelga de hambre, tras haber sido trasladado al Hospital Vitarte II y permanecer en su celda bajo indicaciones médicas debido a su estado de salud. Cabe recordar que Castillo participó en la audiencia del 11 de marzo, pero estuvo ausente en tres sesiones consecutivas.
El expresidente Pedro Castillo rechaza accionar del tribunal que lo juzga. Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec
Minutos después, Pedro Castillo regresó a la sala, y la audiencia continuó con el desarrollo regular de la sesión.
El juicio oral
Junto a Castillo Terrones también se procesa en calidad de coautores del delito de rebelión a los expresidentes del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez; al exministro del Interior Willy Huerta Olivas; así como a los exoficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada Morales, Justo Venero Mellado y Eder Antonio Infanzón Gómez (este último actualmente en Suiza).
El Ministerio Público ha solicitado para el expresidente una pena de 34 años de prisión y el pago de 65 millones 419,038.53 soles como reparación civil en favor del Estado peruano.
Para los otros acusados, la Fiscalía pide 25 y 15 años de cárcel; así como una reparación civil ascendente a 64 millones 419,038 soles, que deberá pagarse de forma conjunta entre los que fueran sentenciados.
