A través de sus redes sociales, el expresidente Pedro Castillo se solidarizó con su expremier, Betssy Chávez, quien inició una huelga de hambre en protesta por las presuntas amenazas de muerte que habría recibido dentro del Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde afronta prisión preventiva en el marco del caso Golpe de Estado.
En su pronunciamiento, el exmandatario exigió garantías para la vida de Chávez, así como pidió el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos.
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“Expreso mi total solidaridad con la compañera Betssy Chávez, exprimera ministra del Perú, hoy víctima del odio y la persecución de este régimen usurpador”, indicó esta mañana.
“Exigimos garantías para su vida, el cese del hostigamiento y el respeto pleno a sus derechos humanos. El pueblo sabrá reconocer a quienes luchan y señalará a los que hoy callan o se hacen cómplices”, acotó.
Castillo adjuntó en su pronunciamiento la carta publicada por Chávez, en donde dio a conocer que presuntamente viene siendo maltratada dentro de dicho centro penitenciario. Producto de ello, se negó a acudir a la última audiencia judicial del juicio oral por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.
Ante esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le abrió un proceso administrativo disciplinario.
LA RESPUESTA DEL INPE Y DEL EJECUTIVO ANTE LA DENUNCIA DE CHÁVEZ
La semana pasada, Chávez denunció ser víctima de actos de corrupción, chantaje sexual y cobro de cupos en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
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“Los actos de corrupción en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde yo me encuentro, para mí es muy penoso y vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas, a través de dádivas, obtener economatos con pago de cupos”, cuestionó durante su intervención en el juicio oral.
La extitular de la PCM responsabilizó a la directora de dicho centro penitenciario, Nelly Aquino Guardales, de cualquier atentado en su contra. Según dijo, dicha funcionaria ha convertido el penal “en su patio trasero”.
Desde el INPE señalaron que investigarán lo denunciado por la también excongresista de Perú Libre.
“En atención a la denuncia formulada por la interna contra las autoridades del penal, el INPE dispuso que la Oficina de Asuntos Internos se constituya en el establecimiento penitenciario y vienen realizando las indagaciones preliminares que permitan esclarecer los hechos y, de ser el caso, determinar responsabilidades conforme a ley”, indicó dicha institución.
En tanto, el premier Eduardo Arana negó que desde el Ejecutivo se promueva el maltrato a los internos que se encuentran en calidad de procesados o sentenciados.
“Si esto fuera cierto, se dispondrá las acciones correctivas que correspondan”, apuntó.
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