
La bancada de Perú Libre ha presentado un proyecto de ley que busca derogar la amnistía a policías y militares enjuiciados tras su lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
La medida también alcanza a los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra los movimientos subversivos.
Esta ley (Nro. 32419) fue impulsada por el Congreso a manera de recuperar la honra de aquellos integrantes de las Fuerzas Armadas y PNP que enfrentaron a Sendero Luminoso, y que llevaban largos juicios por la presunta vulneración de los derechos humanos de algunos ciudadanos.
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Dina Boluarte, presidenta de la República, respaldó la ley y la promulgó. Fue tanto el entusiasmo del Ejecutivo que “rechazan con firmeza cualquier intromisión externa” —en referencia a las observaciones de la Corte IDH y la CIDH—.
Dichos frentes multinacionales, que velan por los derechos humanos, exhortaron al Perú no aprobar la ley porque se debe investigar los atentados contra los desaparecidos, especialmente en casos como Barrios Altos y La Cantuta.

“La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho en el país“, dijo en su momento Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
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Durante su reciente visita a la Asamblea General de la ONU, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que se pretende imponer una narrativa basada “en la mentira” sobre la amnistía a policías y militares.
“Los héroes que defendieron la democracia son perseguidos en juicios que se prolongan por décadas, mientras que los terroristas son indemnizados y considerados víctimas”, expresó.








