La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública (SIP), anunció que trabaja en una propuesta para mejorar el marco normativo de denuncia y protección a los denunciantes de actos de corrupción. Esta iniciativa responde a las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el proceso de adhesión del Perú.
Como parte de este esfuerzo, la SIP lideró recientemente una reunión del grupo de trabajo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), en la que se discutieron los informes del Comité de Gobernanza Pública (PGC), el Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Anticorrupción (PIAC), y el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales (WGB) de la OCDE.
Uno de los principales problemas identificados fue la actual fragmentación normativa, que obstaculiza la comprensión y aplicación efectiva de los mecanismos de protección, además de una cobertura limitada centrada casi exclusivamente en los servidores públicos, dejando desprotegidos a los denunciantes del sector privado.
Entre las primeras alternativas planteadas están la creación de un régimen unificado que simplifique los procedimientos y amplíe el ámbito de protección, la eliminación de requisitos excesivos para permitir denuncias de buena fe y el fortalecimiento de la confianza en los canales de denuncia.
“Esta iniciativa representa un paso fundamental en nuestro compromiso con la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Un sistema robusto de protección a denunciantes es esencial para identificar y sancionar actos ilícitos y cumplir con los estándares internacionales de la OCDE”, señaló Ana Reátegui, secretaria de Integridad Pública de la PCM.
A la reunión asistieron representantes de la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), todos miembros clave del grupo de trabajo sobre denuncia, protección e incentivos.
Como parte de la hoja de ruta establecida, se ha programado una segunda reunión técnica para mayo, en la que se profundizará el análisis y se presentarán datos sobre el flujo de denuncias, medidas de protección implementadas y estadísticas del período 2023-2024.
