El expresidente Martín Vizcarra continúa en la mira del Congreso de la República. Esta tarde, el Pleno debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional presentada en su contra en el que se recomienda acusarlo por la comisión de siete delitos, en el marco del caso ‘Vacunagate’.
Estos son: organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos.
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El documento en mención fue aprobado el pasado 19 de febrero en la Comisión Permanente. Una semanas después (5 de marzo), el Consejo Directivo acordó que su debate y votación en el Pleno se realice hoy día, en horas de la tarde.
Vizcarra es acusado por presuntamente haberse vacunado contra la covid-19 de manera irregular, así como por haber beneficiado a la empresa china Sinopharm.
“El presidente Vizcarra tenía influencias reales y se benefició con la dosis de Sinopharm. Además, quedó demostrado que nunca fue registrado como voluntario de los ensayos (...) fabricó un documento con la intención dolosa de engañar a la opinión pública y, de ese modo, ocultar su delito”, indicó el mes pasado María Acuña, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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No se presentará en el Pleno
A través de oficio enviado al titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, el exmandatario anunció que no se presentará esta tarde ante el Pleno para ejercer su defensa, al recordar que, en el año 2021, ya había renunciado a su antejuicio político.
“A través del escrito del 11 de julio del 2021 renuncié a la prerrogativa de antejuicio político; lo que fue reiterado mediante escrito del 18 de febrero del 2025 y lo vuelvo a reiterar a través del presente escrito”, dijo.
En ese sentido, consideró que los cargos imputados en su contra por parte del Parlamento deben ser investigados por la Fiscalía “sin sesgos políticos y sin la necesidad de trámites previos o dilaciones innecesarias”.
“Por dicha razón, la no remisión inmediata al Ministerio Público evidencia el sesgo político con el que se viene actuando y el apartamiento de las funciones congresales a los cánones procedimentales señalados en la ley interpretados por el máximo garante de la Constitución; por lo que no puede ser parte de ello”, enfatizó.
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