En los últimos años, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha enfrentado un aumento de casos disciplinarios entre sus efectivos, lo que ha generado cuestionamientos sobre la integridad de la institución y su capacidad para garantizar la seguridad ciudadana. Ante este panorama, diversas autoridades plantean la urgencia de realizar cambios estructurales que fortalezcan los mecanismos de supervisión, formación ética y sanción dentro de la institución, asegurando que quienes portan el uniforme actúen con responsabilidad y respeto ante la ley.
El caso del feminicidio en el distrito de Comas, evidenció la carencia que se vive dentro de la PNP, en donde el principal sospechoso que era un efectivo del Escuadrón Verde, tenía una denuncia por violación sexual en el 2023 y pese a dicha acusación, continuó realizando sus funciones.
Esto ha causado gran conmoción en la ciudadanía y autoridades, ya que como este caso, existen cerca de 600 policías que están en actividad, pero sujetos a investigación por faltas graves y delitos.
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Hace unos días, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, señaló la importancia de un cambio normativo que permita separar a los efectivos con antecedentes. ¿Es viable esta medida?
¿Qué está pasando en la PNP?
En diálogo con el general en retiro y exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP), Eduardo Pérez Rocha, manifestó que el cambio del orden en la institución se dio cuando en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se creó el Tribunal Administrativo Disciplinario (TAD) que está conformado por civiles que dependen del Ministerio del Interior. Ese es el primer quiebre, ya que los civiles empiezan a tomar injerencia en cuestiones disciplinarias de la PNP.
“Aunque la Inspectoría de la PNP puede sugerir la baja de un agente que ha cometido un hecho grave, la única autoridad para disponer dicha acción por medidas disciplinarias es el Tribunal Administrativo Disciplinario (TAD) que depende del ministro del Interior. El problema radica cuando los civiles interfieren en temas policiales, cuando debería ser la Inspectoría policial el único ente de control”, precisó.
“Se ha evidenciado que dentro de la institución existen policías que operan en bandas criminales, roban, cobran cupos, coimas, y siguen trabajando como si nada. Lo que propongo es que sea la inspectoría el organismo regulador y sancionador quien disponga del futuro de estos malos elementos y sean dados de baja por indisciplina y delitos graves”, agregó.
Tiempo de investigación a un efectivo policial denunciado por delito grave
De acuerdo con Pérez Rocha, según la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, el plazo para investigar una falta grave o muy grave dentro del ámbito disciplinario es hasta 35 días hábiles, contados desde la apertura del procedimiento administrativo-disciplinario.
El proceso se desarrolla en cuatro etapas:
- Durante los primeros 10 días, se presentan los cargos acusatorios.
- En los siguientes 10 días, se determina el acto de responsabilidad.
- Posteriormente, hay un plazo de 10 días para presentar una apelación.
- Finalmente, en los últimos 5 días, se decide el tipo de sanción correspondiente.
Sin embargo, esta figura no se observa en la realidad por la lentitud y falta de acciones del TAD.
“La Inspectoría debe estar al tanto sobre cómo van las acciones que se están ejecutando en perjuicio de la institución y por personal policial que está en el servicio activo. Si ese órgano de control tuviera la función de investigar y procesar, tendría la potestad de separar del cargo inmediatamente a esos malos efectivos, porque eso es administrativo disciplinario. Luego se presentaría ante el Ministerio Público por el delito cometido y pasaría a ser denunciado al Poder Judicial”, dijo.
Por otro lado, manifestó que todo miembro de la PNP está en la obligación de recibir una denuncia, independientemente del lugar, la hora o la naturaleza del caso, garantizando así la atención oportuna y el respeto a los derechos del denunciante. En caso de que no lo hace, se estaría hablando de una falta grave.
“Si un ciudadano enfrenta este problema, también puede presentar su denuncia a través del Sistema de Denuncias Policiales Virtuales o recurrir a otra dependencia policial. Es importante exigir una copia certificada de la denuncia presentada. Sin embargo, los policías no pueden negarse a recibir la denuncia bajo ningún motivo, ya que están obligados a atender a la ciudadanía y garantizar el acceso a la justicia”, precisó.
La reorganización
Juan Carlos Liendo O’Connor, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), expresó a Gestión que la influencia política y la corrupción han desvirtuado la función de la PNP, priorizando intereses políticos sobre la seguridad ciudadana.
“La falta de voluntad política y dirección adecuada impide reformas profundas y urgentes. El modelo de policía que tenemos en el Perú es único en el mundo. Se basa en una sola institución que abarca diversas dimensiones de seguridad interna y eso es imposible de gestionar. Por eso, las acciones para que se recupere la confianza de la población tienen que estar orientadas a una visión moderna de lo que es una policía”, expresó.
Ante esto, el especialista mencionó que debería dividirse las unidades en la siguiente manera:
Policía urbana (civil y ciudadana):
- Encargada de la seguridad en las ciudades.
- Centrarse en el orden público y la convivencia urbana.
- Complementada por un serenazgo profesionalizado.
Policía rural (militarizada):
- Diseñada para atender zonas rurales y alejadas con características y necesidades específicas.
- Operaría bajo un enfoque militar adaptado a la realidad rural.
Policía científica:
- Dedicada exclusivamente a la investigación policial.
- Independiente del mando militar, funcionaría como un brazo técnico al servicio del Ministerio Público.
- Refuerza la capacidad investigativa y de resolución de casos.
“La infiltración del crimen en instituciones como la Policía Nacional y la falta de confianza ciudadana en el sistema judicial y de seguridad es grave en el país. La legitimidad perdida desalienta a jóvenes con vocación de integrarse a la institución, por eso se deben implementar campañas de sensibilización sobre el rol clave de la Policía en la sociedad y así transparentar los procesos internos para generar confianza”, sostuvo.
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Falta de capacitación en la PNP
El caso de feminicidio en Comas pone nuevamente en evidencia la problemática dentro de la PNP, especialmente la falta de capacitación de sus miembros. En ese contexto, un grupo de policías ingresó sin las medidas de seguridad necesarias a la habitación de un hostal donde se encontró el cadáver del agente policial acusado de asesinar a una joven de 26 años, ocasionando la “contaminación” de la escena del crimen. Según Jaime Huamacto, penalista del estudio Ugaz Zegarra, este hecho podría considerarse un delito.
“La falta de una adecuada intervención en la escena del crimen puede provocar la pérdida de evidencias clave. Tocar objetos sin guantes puede superponer huellas, dificultando la identificación de implicados. En el caso del levantamiento de cadáveres, primero debe confirmarse la muerte, y de ser así, registrar las condiciones del hallazgo mediante audio o fotografía para entender las circunstancias del deceso”, indicó a nuestro medio.
“La cadena de custodia comienza desde que se llega al lugar de los hechos y tiene como objetivo preservar los hallazgos, asegurando su traslado debidamente lacrado y entregado a los especialistas encargados de analizarlos. Si esta cadena se rompe, ya sea para la parte agraviada o investigada, el elemento podría ser excluido del proceso, afectando su validez”, expresó.
En ese sentido, el abogado expresó que los delitos que podrían verse imputados al grupo de policías serían desde encubrimiento real y personal, falsedad genérica, fraude procesal, entre otros.
Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.
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