En medio del aumento de la inseguridad ciudadana en el país, las organizaciones criminales vienen sofisticando sus procedimientos para ‘limpiar’ el dinero que ganan producto de sus actividades ilícitas e introducirlo en la economía formal. Precisamente, hoy en día el uso de criptomonedas, que son monedas digitales que no son emitidas ni controladas por entidades bancarias, se ha convertido en una modalidad frecuente de lavado de activos.
Esta problemática no es ajena en el Poder Judicial. Dicha institución anunció que planteará una serie de iniciativas con la finalidad de quitarle poder a las organizaciones criminales.
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A través de un comunicado, precisaron que se “debe contar con los instrumentos legales” para poder enfrentar el nuevo rostro del lavado de activos: las criptomonedas.
Frente a esta situación, el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga, adelantó que presentará un proyecto de ley ante la Sala Plena de la Corte Suprema para criminalizar el lavado de las ganancias de la criminalidad organizada con el empleo de criptomonedas.
Durante su exposición en el XIV Congreso Nacional de Jueces, realizado en Tacna, el magistrado supremo también propuso penalizar un nuevo delito denominado “conspiración criminal”, al considerar que en la actualidad las cárceles se han convertido en escenario de coordinaciones de la criminalidad.
“La conspiración criminal no es hacer un delito, es conspirar para realizarlo en el futuro, y debe considerar dos agravantes: la intervención del funcionario público en esos actos conspirativos y su ejecución en los centros carcelarios”, apuntó.
A su vez, sugirió que el propio Poder Judicial revise sus acuerdos plenarios sobre criminalidad organizada para permitir que los casos de las personas intervenidas por estos delitos graves se tramiten en las unidades de flagrancia.
“Esto supone cambiar las normas procesales, pues demos una ley señalando que quien es detenido en flagrancia no podrá tener orden de comparecencia y que no accederá a una suspensión de ejecución de la pena”, anotó.
Prado Saldarriaga planteó que cada mes se dé a conocer las condenas que imponen los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá cambiar la percepción ciudadana sobre su institución.
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“CRIMINALIDAD ORGANIZADA PUEDE AFECTAR EL PRÓXIMO PROCESO ELECTORAL”
En otro momento, el juez supremo advirtió que la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y puede afectar el próximo proceso electoral en el país.
Añadió que esta problemática ha producido impactos en la población, en los gobernantes y en los jueces y juezas, a nivel político, sicosocial, jurídico y judicial.
Además, expresó que, en lo sicosocial, hay una desconfianza generalizada de la población en la capacidad del Estado para controlar, mitigar o, tal vez, revertir la situación existente.
“Pero hay un dato nuevo: el avance de la criminalidad organizada está llevando a los Estados a señalar que las organizaciones criminales de este tipo deben ser consideradas como grupos terroristas”, cuestionó.
Como evidencia de ello, Prado Saldarriaga mostró un plan de gobierno suscrito por 6 partidos políticos que participarán en las elecciones generales de abril del 2026, con sus propuestas de cambios normativos, según dijo, propias del “penalismo populista”.
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