
Este jueves se presentó una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. La medida surgió debido a la crisis en Machu Picchu, donde hubo bloqueos, problemas con la venta de entradas, disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que la ciudadela podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.
La solicitud de censura se presenta luego de que el ministro Valencia acudiera al Pleno del Congreso el 13 de junio de 2025 para responder a múltiples mociones de interpelación.
Los congresistas que impulsan la moción acusaron al ministro de Cultura de tener falta de capacidad y liderazgo para manejar esta coyuntura crítica.
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También se le reprocha no haber gestionado adecuadamente la concesión de Consettur, las irregularidades en la venta de boletos y la descoordinación que causó caos en la llegada de turistas, afectando el turismo y la imagen internacional del Perú.
El documento también critica la “incapacidad en gestión” del Ministerio de Cultura de sitios fundamentales como Kuélap, Caral y Chan Chan. En particular, se menciona que Machu Picchu enfrenta actualmente una sobrecarga de visitantes, caos en la venta de boletos y un riesgo latente de ser incluido en la lista de Patrimonio en peligro de la Unesco.
Por otro lado, se cuestiona el otorgamiento irregular de órdenes de servicio, el uso indebido de vehículo oficial y la “presunta contratación a dedo” de un local para TV Perú por 16 millones de soles. La alta rotación de funcionarios y la desatención a reclamos de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco también figuran entre los argumentos.
Gobiernos regionales respaldan la censura
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) expresó su profunda preocupación por la crisis en torno a la gestión del Ministerio de Cultura. A través de un pronunciamiento, advirtió que el desorden en la administración de Machu Picchu afecta directamente la economía y estabilidad del Cusco y alertó que la reducción del área intangible de las Líneas de Nasca y Palpa expone a estas zonas al avance de la minería ilegal.
En el documento, la ANGR sostuvo que la improvisación del gabinete ministerial ha fracasado en la toma de decisiones, y que la defensa del patrimonio cultural requiere la participación de autoridades regionales y locales.
Por ello, la entidad exigió al Congreso proceder con la censura del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, como un acto de responsabilidad política. Asimismo, pidió evaluar la permanencia de ministros que actúen en contra de la descentralización o desconozcan la realidad de los territorios.









