En medio del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y varios de sus exministros, el abogado Raúl Noblecilla sorprendió al tribunal al anunciar su renuncia a la defensa de Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México.
Durante su intervención, el abogado explicó que perdió comunicación con su patrocinada, lo que le impide continuar con la defensa técnica.
“En más de 24 horas, he hecho uso a mi derecho para renunciar a la defensa de la perseguida política Betssy Chávez“, señaló.
la Sala consideró que la solicitud cumplía con las formalidades previstas en el artículo 85 del Código Procesal Penal y se encontraba dentro del plazo establecido,por lo que decidió admitir la renuncia. Acto seguido, se confirmó que la defensa de Chávez quedaría a cargo del abogado público Julio César Guzmán Cisneros.
Mientras tanto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido fiscal de prisión preventiva contra Betssy Chávez.
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El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley indicó que la decisión sobre el pedido de prisión preventiva se dará a conocer en los siguientes días.. (Justicia TV)
La fiscal suprema Zoraida Ávalos, pidió cinoc meses para Chávez, tras recordar que no asistió al registro biométrico y tampoco concurrió a las audiencias del juicio oral en su contra.
“La prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que la comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad”, indicó Ávalos.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, indicó que la decisión será dada a conocer a las partes en los siguientes días.
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Tras obtener su libertad mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, Betssy Chávez quedó sujeta a un régimen de comparecencia con restricciones, que incluía la obligación de no ausentarse de Lima sin autorización judicial, acudir periódicamente al control biométrico y presentarse ante las autoridades judiciales o fiscales cuando fuera requerida.
La Fiscalía Suprema ha solicitado 25 años de prisión para Chávez Chino, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargos públicos, al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Actualmente, Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, luego de que el Gobierno mexicano le otorgara asilo. La situación ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países, dado que la ex primera ministra continúa siendo requerida por la justicia peruana en el marco del proceso penal que enfrenta.
