El Poder Judicial declaró infundada la tutela de derechos presentada por la presidenta Dina Boluarte, quien buscaba anular diversas disposiciones fiscales y diligencias vinculadas a los allanamientos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como parte del denominado “caso Rolex”.
La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
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La defensa de Boluarte alegó que las disposiciones fiscales firmadas por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, carecían de validez y que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitírsele participar o impugnar diligencias claves, como el allanamiento a su vivienda en Surquillo y al Despacho Presidencial, realizados en marzo del año pasado. Además, objetó la participación del coronel PNP Harvey Colchado, quien lideró las intervenciones como parte del equipo de apoyo al Eficcop.
Sin embargo, el juez Checkley concluyó que no se había producido ninguna vulneración a los derechos fundamentales de la mandataria. En su fallo, precisó que las diligencias del Ministerio Público fueron ejecutadas dentro del marco legal y que las pruebas cuestionadas, en su mayoría provenientes de fuentes abiertas como medios de comunicación y registros públicos, no requerían autorización judicial ni vulneraban el derecho a la defensa.
Asimismo, el juez destacó que la Fiscalía cuenta con plena competencia para conformar equipos especiales de investigación, como el Eficcop, y que la designación de Harvey Colchado como parte del equipo de apoyo policial fue legítima. De este modo, la resolución refuerza la validez de las investigaciones preliminares que involucran a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, tras la aparición de relojes Rolex y una pulsera de lujo no declarados en su hoja de vida.
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El caso se remonta al 29 de marzo de 2024, cuando fiscales del Eficcop, con apoyo de agentes policiales, realizaron un operativo simultáneo en la residencia de Dina Boluarte y en Palacio de Gobierno. Allí incautaron tres relojes de alta gama y una pulsera de oro con diamantes. Estas joyas no estaban consignadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas de la presidenta, lo que motivó una investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de información.
La diligencia fue autorizada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y ejecutada por un equipo dirigido por la fiscal Marita Barreto. A raíz de estos allanamientos, el Gobierno decidió desactivar al equipo policial que apoyaba al Eficcop, lo que generó una nueva línea de investigación por presunto encubrimiento y abuso de autoridad.
En su recurso, Boluarte también intentó excluir declaraciones de dos agentes encubiertos que participaron en esta investigación complementaria, al considerar que no pudo ejercer su defensa frente a dichos testimonios. Sin embargo, el juez consideró que esas restricciones formaban parte del carácter reservado de las diligencias y que no comprometían su derecho al debido proceso.
