Entre los participantes destacaron el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, los ministros Walter Astudillo (Defensa) y Juan José Santiváñez (Interior), así como los voceros de las bancadas, entre otros más.
Durante su participación, el titular del Interior cuestionó que hayan policías procesados y encarcelados por el simple hecho de usar su arma en el ejercicio de sus funcionarios; es decir, para combatir la criminalidad.
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En ese sentido, consideró que “las cárceles deben ser para los delincuentes, no para los efectivos que combaten el crimen”.
Frente a ello, propuso la firma de un “pacto por la seguridad” que garantice que los policías no serán perseguidos judicialmente cuando hagan uso legítimo de sus armas de fuego.
“Solicito la suscripción del pacto por la seguridad, donde firmen todos, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial, y que se garantice que los policías que, en uso legítimo y legal de sus armas de fuego, no serán perseguidos judicialmente, necesitamos eso para continuar en lucha contra la delincuencia y criminalidad”, remarcó.
Añadió que también debería ser revisado el proyecto de ley que estipula que aquellos miembros de la la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) denunciados por actos en cumplimiento de sus funciones durante la vigencia del estado de emergencia, sean procesados en la justicia militar.
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Resalta la necesidad de aprobar la ley que crea el “terrorismo urbano”
En otro momento, Santiváñez enfatizó que, para el Ejecutivo, es necesaria la aprobación del proyecto de ley que crea el delito de terrorismo urbano porque no solo implica elevar las penas para los delitos de sicariato y extorsión, sino también permitiría la posibilidad de intervención de las FF.AA. en la persecución de estos actos ilícitos.
Si bien la norma en mención señala que las conductas que causan terror o zozobra en la población con los referidos delitos deben ser reprimidas con no menos de 30 años de prisión, el ministro recalcó que se requiere tipificar esta conducta como terrorismo urbano porque ello también conllevaría a un cambio en el sistema de administración de justicia.
“El terrorismo urbano no puede ser perseguido por un fiscal común sino por un fiscal para delitos de terrorismo; no lo juzga un juez común sino un juez para delitos de terrorismo; el procurador que representa al Estado es el de terrorismo, y el cabecilla de esta organización puede ser enviado a la Dinoes o a la Base Naval, porque es terrorismo”, puntualizó.
También planteó la modificación del Código Penal para otro tipo de conductas como la receptación de bienes robados.
“Se sanciona con pena efectiva al que roba, al que vende, pero el que compra no va a la cárcel y el que compra justamente es el que incentiva el mercado. Existen delincuentes que asaltan con pistola para robar un celular porque existe gente que compra celular ensangrentado, eso debe modificarse en el Código Penal”, cuestionó.
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