Juan José Santiváñez ocupaba hasta hace poco la cartera del Interior y posteriormente la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
Juan José Santiváñez ocupaba hasta hace poco la cartera del Interior y posteriormente la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

En un sorpresivo giro político, la presidenta tomó juramento este sábado a como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, una decisión que podría reavivar las críticas por los cuestionamientos que pesan en su contra. Reemplaza a Enrique Alcántara en el cargo.

El abogado, que hasta hace poco ocupaba la cartera del (censurado por el Congreso) y el despacho de asesoría presidencial, asume el cargo en medio de investigaciones fiscales y una tormenta de denuncias mediáticas. Además de su constante fricción en redes sociales contra sus críticos.

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Un abogado rodeado de controversias

Diversos reportajes han cuestionado a por su defensa legal a figuras de alto perfil vinculadas a corrupción y crimen organizado, entre ellos generales de la Policía investigados por casos como “Los Intocables Ediles” o el denominado Escuadrón de la Muerte. También representó a oficiales acusados de compras irregulares durante la pandemia.

En marzo de este año, inclusive, dos testigos protegidos de la lo acusaron de pagar sobornos a fiscales y jueces por montos que superaban los US$ 60,000, a fin de favorecer a sus clientes. Una de las versiones lo vinculó con la jueza Emma Benavides, hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

Santiváñez rechazó los cargos, pero admitió que conocía con anticipación el contenido de un reportaje que lo señalaba, lo que levantó sospechas de filtraciones.

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Allanamientos y respaldo presidencial

Pese a los allanamientos fiscales en su vivienda y estudio de abogados, la presidenta lo respaldó públicamente acusando a la Fiscalía de impulsar un “golpe de Estado blanco”.

El propio Santiváñez calificó las diligencias como un “manotazo de ahogado”.

Paralelamente, la reveló que habría reclutado operadores legales con conexiones en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y que incluso habría solicitado dinero para obtener fallos favorables en casos de habeas corpus.

Incluso, denunció a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente haber avalado la Providencia N. 70, del 14 de enero de 2025, así como por la creación de la carpeta fiscal N° 203-2024 y su difusión en los medios de comunicación.

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Un estilo confrontacional

Su paso por el dejó más polémicas que resultados. Santiváñez ha sido criticado por dar cifras erróneas, anunciar capturas falsas y acusar sin pruebas a un sereno de ser “extorsionador”. También sostuvo enfrentamientos abiertos con el Ministerio Público, al que llamó “enemigo de la Policía”.

El coronel (r) Harvey Colchado lo acusó de ser “improvisado, sin transparencia y moralmente inhabilitado” para ejercer un cargo de esa envergadura. Según Colchado, la estrategia de Santiváñez apunta a ganar inmunidad política en el futuro.

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Negaciones y un futuro incierto

ha insistido en que las acusaciones son “absolutamente falsas” y parte de un intento de desprestigio. Asegura que todo se aclarará con el tiempo, aunque evita dar detalles sobre las identidades de los testigos protegidos que lo acusan.

Su llegada al Ministerio de Justicia abre un nuevo frente de debate.

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