La Comisión Permanente del Congreso aprobó conceder un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue dos denuncias constitucionales admitidas contra el expresidente Pedro Castillo.
La primera, la Denuncia Constitucional 302, fue presentada por el congresista Juan Burgos (Podemos Perú) y también involucra al exministro de Educación, Rosendo Serna.
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Se les imputa haber vulnerado la Constitución al emitir el Decreto Supremo 009-2022-MINEDU, que modificó la estructura del directorio de la Derrama Magisterial, una entidad privada que administra fondos previsionales del magisterio.
Según la acusación, el Ministerio de Educación no tenía competencia para cambiar dicha estructura, ya que las reformas deben ser propuestas desde la propia entidad y no impuestas desde el Ejecutivo.
Subcomisión evaluará en 15 días dos denuncias contra el expresidente por presuntas irregularidades en el sector educación y uso de bienes del Estado. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
La segunda denuncia, la DC 304, fue planteada por el congresista no agrupado Edward Málaga. Acusa a Castillo de hacer uso irregular de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) el 23 de junio de 2022 para trasladarse de Lima a Chiclayo junto a familiares, entre ellos su sobrino Fray Vásquez.
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El documento sostiene que se trataría de un uso indebido de recursos públicos con fines personales, lo que contravendría los principios de legalidad, probidad y servicio a la nación.
“Estos hechos evidenciarían el presunto uso indebido de recursos públicos, particularmente una aeronave militar, para fines personales en abierta contravención a los principios de legalidad, probidad y servicio a la nación, principios que rigen el ejercicio de la función pública”, señala el informe.
