En los últimos tiempos, Perú se ha acostumbrado a los intentos de vacancia presidencial, las amenazas de disolver el Congreso y las acusaciones de golpe de Estado en batallas incesantes entre el presidente y el poder legislativo. Sin embargo, el año pasado se produjo una paz inquietante entre Dina Boluarte, presidenta desde diciembre de 2022, y el Congreso. Esto se debe a que ambos son profundamente impopulares. Los encuestadores dan a Boluarte un índice de aprobación de sólo el 5%, el más bajo de América.
Ella nunca gozó de la simpatía popular. Llegó al cargo porque era vicepresidenta de Pedro Castillo, un izquierdista acusado y arrestado por declarar un golpe de Estado contra el Congreso y los tribunales. Las primeras semanas de Dina como presidenta estuvieron marcadas por protestas a veces violentas en las que las fuerzas de seguridad presuntamente asesinaron a unos 50 manifestantes. La economía ha languidecido durante su mandato, mientras que el crimen y la pobreza han aumentado. Boluarte, antes una funcionaria pública con baja remuneracion, ha tenido dificultades para explicar su afición por los relojes Rolex.
Las demandas iniciales de elecciones anticipadas se han desvanecido, al igual que los llamados a la destitución de la presidenta por el caso Rolex (ella dice que fueron “préstamos”). ¿Cómo hace para resistir? La respuesta corta es que ella no dirige el país; los que están a cargo son los legisladores de derecha y centristas que dirigen el Congreso, que a su vez tiene una tasa de aprobación de sólo el 4%.
Dado que Boluarte carece de vicepresidente, la Constitución exige que si ella cae, el Congreso debe convocar elecciones. Pero sus miembros no tienen ningún deseo de acortar su mandato ni los generosos salarios y beneficios que disfrutan.
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Si bien Boluarte a menudo no tiene nada programado en su agenda oficial, los legisladores sí están ocupados. Han tratado de destituir a los miembros de la junta que supervisa el poder judicial y han aprobado contrarreformas que desmantelan esfuerzos anteriores para fortalecer las instituciones y el estado de derecho. El Congreso derogó una ley para frenar la minería ilegal, neutralizó un organismo encargado de regular las universidades con fines de lucro que reciben a estudiantes de escasos recursos y permitió que miles de maestros que no aprobaron exámenes básicos regresaran a las aulas.
Algunas de las nuevas leyes tienen mérito. El Congreso ha derogado una prohibición, aprobada mediante referéndum en 2018, que impedía a sus miembros presentarse a mandatos consecutivos. Esto fue popular pero equivocado: a los políticos se les negó una carrera y los votantes no pudieron exigirles cuentas. El resultado: más de la mitad de los 130 actuales son sospechosos de investigaciones penales, según el diario La República.
La ley de minería fue ineficaz: actualmente hay alrededor de 700,000 mineros ilegales en Perú. Pero muchos de los cambios son interesados. Uno de ellos implica una nueva ley que reduce las multas para los partidos que no informan los gastos de campaña, una bendición para los políticos que los utilizan para enriquecerse.
El Tribunal Constitucional también ha aumentado el poder de la legislatura después de que el Congreso nombrara nuevos magistrados en 2022. Una de sus decisiones permitió al Congreso iniciar nuevas medidas de gasto, que la propia Constitución prohíbe. Esto es malo para la credibilidad fiscal del Perú, ganada con tanto esfuerzo. Los legisladores han aprobado hasta ahora casi 50,000 millones de soles (US$ 13,000 millones) en gastos extrapresupuestarios, según el Consejo Fiscal, un órgano asesor oficial.
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En el pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendía a restringir los caprichos populistas de los legisladores. Pero guardó silencio mientras el Congreso concedía bonificaciones a jubilados y jueces, establecía exenciones fiscales regresivas e ignoraba su propio límite para el déficit fiscal. “Ya no hay un adulto en la sala”, dice Alonso Segura, ex titular del MEF que preside el consejo.
A principios de este mes, el Congreso aprobó una legislación para eximir de procesamiento los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002. Esto es contrario al derecho internacional de derechos humanos. El beneficiario más conocido es Alberto Fujimori, quien gobernó Perú como autócrata de 1990 a 2000. La medida anularía su condena por orquestar el asesinato de 25 civiles mientras era presidente.
Pero los fiscales dicen que también los obligaría a cerrar 600 casos de asesinato, tortura y violación derivados de la batalla entre las fuerzas de seguridad y Sendero Luminoso, un grupo terrorista maoísta, en las décadas de 1980 y 1990. Boluarte ya desafió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al liberar a Fujimori de prisión después de que un tribunal local confirmó un indulto.
Muchos peruanos esperan que las próximas elecciones, previstas para 2026, traigan un mejor liderazgo. Los augurios no son buenos. Más de 30 partidos tienen previsto participar. Y el próximo presidente se enfrentará a un Congreso empoderado.
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