La bancada de Fuerza Popular anunció que presentarán una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, tras el ataque armado ocurrido durante una presentación de la agrupación musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos. El hecho dejó cinco personas heridas, entre ellas, cuatro músicos y un vendedor de bebidas alcohólicas.
En conferencia de prensa, el vocero de dicha agrupación, César Revilla, indicó que este hecho se suma a otra serie de ineptitudes adoptadas por el Mininter, por lo que consideró que el titular del sector debe venir al Pleno a rendir cuentas.
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“Y de no ser atendida (la moción) de manera inmediata, el Gabinete tendrá que venir al Pleno del Congreso de la República”, advirtió.
“Vamos a empezar con acciones políticas de fuerza y esperamos que el Ejecutivo reaccione de manera inmediata. Nuestros hermanos peruanos necesitan que de una vez empecemos a reaccionar y evitemos más muertes, más desastres y ataques, como lo que sufrieron ayer nuestros hermanos”, aseveró.
Sin embargo, los miembros de la bancada de Fuerza Popular evitaron pronunciarse si apoyarían una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte a raíz de esta situación.
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PIDEN ACTIVAR PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO URBANO
Más temprano, Fuerza Popular emitió un comunicado tras el ataque reportado contra la agrupación Agua Marina y pidieron activar de manera urgente el plan de emergencia nacional contra el terrorismo urbano.
En paralelo, plantearon una serie de acciones inmediatas que deberían de implementarse.
Estas son: reactivar el Comando de Frente Interno (COFI) y unificar las FF.AA., PNP y agencias de inteligencia bajo un solo mando operativo, crear dos líneas de carrera (investigación criminal y orden interno), el patrullaje en calles y administración de penales por 120 días.
También demandaron la aprobación de una reforma del sistema de justicia, la declaración del estado de emergencia del sistema penitenciario y la construcción inmediata de nuevos penales en el país.
Finalmente, exigieron la revisión del Pacto de San José para denunciar las cláusulas que amparan a terroristas y criminales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la aplicación de la ley que crea el delito de terrorismo urbano.
“El atentado en el Círculo Militar de Chorrillos demuestra, una vez más, que el crimen organizado ha cruzado todos los límites, mientras que el Gobierno permanece pasivo e indiferente”, cuestionaron.
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