El Tribunal Constitucional (TC) resolvió restituir a Tomás Aladino Gálvez Villegas en su puesto de fiscal supremo titular, luego de declarar fundada la demanda de amparo que presentó contra la sanción disciplinaria impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En su fallo, el TC anuló el procedimiento iniciado contra Gálvez en febrero de 2020, así como todas las resoluciones emitidas durante dicho proceso.
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No obstante, precisó que la JNJ conserva la facultad de iniciar un nuevo procedimiento disciplinario, si así lo considera pertinente.
“En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo”, señala la resolución.
La decisión fue adoptada con los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticese y Pedro Hernández Chávez, integrantes del máximo órgano constitucional del país.
El caso
En abril de 2021, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió por unanimidad destituir al fiscal supremo Tomás Gálvez, al determinar que había cometido una falta “muy grave” en relación con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, además de haber realizado actos incompatibles con su cargo.
La JNJ concluyó que Gálvez Villegas era responsable de cuatro imputaciones. La decisión fue respaldada por los magistrados Inés Tello, María Zavala, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez y Antonio de la Haza.
Además, fue eximido de un cargo y se estableció que otro carecía de sustento. Las conductas por las que fue sancionado se relacionan con la vulneración de la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.
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Uno de los hechos cuestionados fue su intervención ante la Sala Suprema, entonces presidida por el exjuez César Hinostroza, a quien le pidió revisar el caso del rondero Segundo Nemecio Villalobos, acción que podría constituir tráfico de influencias.
También se le atribuyó haber llamado a Hinostroza Pariachi para solicitarle que intercediera en un proceso judicial familiar a favor del fiscal Walter Delgado, considerado un acto con “clara connotación ilícita” orientado a ejercer presión sobre otro órgano del sistema de justicia.
