El posible aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte ha generado diversas críticas. Para el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el premier Eduardo Arana cometió un error al calificar de “reservado” los documentos que sustentarían dicha medida, pese a la oposición de varios legisladores y medios de comunicación.
En entrevista con Gestión, el también exembajador del Perú en España criticó a la Fiscalía por la presentación de cinco denuncias constitucionales en contra de la mandataria en menos de 48 horas, así como identificó tres riesgos de cara a las elecciones generales del 2026.
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-De acuerdo a una última encuesta de Ipsos Perú, la presidenta Dina Boluarte registra un 94% de desaprobación y dos diarios franceses sido la calificaron como “la presidenta más odiada del mundo”, ¿cómo nos afecta esto hacia el exterior?
Ese es el resultado de un conjunto de acciones y omisiones del Gobierno y de la presidenta. En primer lugar, lo primero que se me viene a la mente es el carácter tan frívolo que ella tiene con el poder. En estos dos años y pico no conozco una política pública promovida por Boluarte. Al contrario, tiene un silencio de más de 200 días. Entonces, todos estos elementos y ese carácter hostil que tiene con la prensa hacen sentir a la población que tiene una presidenta absolutamente ajena, distante e indiferente de los temas que los aquejan, empezando por la inseguridad ciudadana. Por eso es que tenemos una mandataria con baja aprobación, deslegitimada. Esto ya ha pasado fronteras. No nos hace ningún favor.
-Desde el Ejecutivo insisten en que la presidenta siempre está en sintonía con la población, pese a que lleva más de 200 días en cura de silencio, ¿qué le parece?
No he visto estas actitudes en otros expresidentes. Por lo menos, no en este nivel de gravedad, de desapego y desconexión que existe con la ciudadanía. Además me parece que la presidenta ha puesto de manifiesto su incapacidad para gestionar la cosa pública, pero también para la política. Cómo es posible que la presidenta no corte el tema del incremento de su sueldo. Más allá de que pudieran existir razones técnicas, más allá de si es necesario ordenar la planilla del Estado, es a todas luces inoportuno e inconveniente en este momento.
-En el Gobierno sostienen que Boluarte no ha pedido un aumento de sueldo, ¿cree en esa versión?
En todo caso, si es que Boluarte quisiera zanjar con esto definitivamente, podría decir que esta es una ley que estamos planteando para el próximo Gobierno y que vamos a establecer una vacatio legis; es decir, un tiempo de no aplicación, no me va a tocar a mí, sino para el próximo presidente, pero no lo quiere hacer. Solo hay un silencio, con lo cual evidencia que es un tema que le interesa. Cuando se le pregunta al premier (Eduardo Arana) sobre los informes técnicos que sustentan la iniciativa, este apela al artículo 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sostiene que, que como son insumos, deben guardar cierta reserva. Eso es un doble error.
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-¿Por qué lo dice?
En primer lugar, la norma se refiere a una protección temporal para los técnicos a fin de que puedan emitir opiniones sin mayor presión y también para que se tome una decisión sin ninguna intervención, pero en el presente caso la opinión y la iniciativa ya está en marcha, por lo tanto, ya no rige esa norma de protección. Ahora rige otra ley, que es la regla general de transparencia y el interés público. Arana no puede confundir el plano jurídico con el político. Se esconde bajo un formalismo jurídico, lo cual revela que no entiende su papel.
Dina Boluarte atacó a las encuestadoras y a los críticos de su gobierno. (Foto: Presidencia)
-¿Cree que Arana realizará algún cambio sustancial en la política del Gobierno?
En primer lugar, creo que la presidenta no ha comprendido el mensaje. El cuestionamiento que se le hacía no era por tener en la PCM al señor (Gustavo) Adrianzén, sino a su política de Gobierno. Al final, ella retiró a Adrianzén y designó al ministro de Justicia en su reemplazo, pero le ha puesto básicamente el mismo gabinete. ¿Quién es el ministro Arana? es un ministro que desafortunadamente ha fracasado, porque las dos o tres cosas que debía hacer, ninguna lo hizo.
-¿Cuáles son?
Arana no ha impulsado una reforma penitenciaria, que es tan urgente e importante en el contexto de inseguridad ciudadana en el que nos encontramos . Hoy las cárceles son centros de planificación y formación del crimen. Tampoco ha promovido la reforma del sistema de justicia, que es clave en la lucha contra la criminalidad. Lo único que hizo es promover audiencias públicas para debatir la supuesta implementación de la pena de muerte, que no es viable y que no va a conducir a nada.
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-¿Qué evaluación tiene del actual Gabinete Ministerial?
Los ministros tampoco entienden su papel, porque pareciera que compiten entre sí para ver quién defiende mejor a la presidenta. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado que aprueba la política general de Gobierno. Eso significa que estos participan activamente en la toma de decisiones gubernamentales, forman parte de la dirección política del Estado, no son ejecutores pasivos, no son alabarderos de Boluarte, son un órgano colegiado y controladores de los excesos de la presidenta, pero no están cumpliendo ese papel. ¿Ustedes ven que los ministros salen a defender una política pública?, ¿ustedes ven que los ministros renuncian cuando hay algún estropicio de la presidenta?, no. La presidenta ha mentido al país, ha mentido a sus ministros, pero estos siguen ahí muy campantes.
-Ante esta situación, ¿usted cree que el Congreso debería darle el voto de confianza al Gabinete Arana?
Creo que este Gabinete es desafortunadamente débil, sin capacidad política, sin capacidades técnicas, sin experiencia y me temo que sumiso. Y en este año que nos queda de Gobierno, no podemos tener un Gabinete de esas características, que puede caer en la debilidad del populismo presupuestal, que va a cometer muchos errores. En este año nos estamos jugando mucho, no solo elecciones limpias, sino que puede desarmarse y debilitarse lo que queda de la institucionalidad. Es clave todo esto y yo no estaría de acuerdo con que el Congreso le dé el voto de confianza al Gabinete por el enorme riesgo que significa.
-En ese eventual escenario, ¿cree que la presidenta buscará cerrar el Congreso?
No creo que ella tenga el apoyo político para hacer eso. Además, se necesitan dos denegatorias de confianza, y esta sería la primera. No la veo en ese escenario y lo más probable es que el Congreso termine vacándola antes de que ella intente cerrar el Congreso, pero aquí lo que se trata es de no aplicar esa bipolaridad; es decir, o ella cierre el Congreso o el Congreso la vaca. Ese no es el camino correcto. Queda muy poco tiempo como para que cometamos el disparate de o cerrar el Congreso o de vacar a la presidenta.
-¿Hace bien la presidenta en viajar al exterior, pese a la situación de inseguridad ciudadana que atraviesa el país y todas las investigaciones que pesan en su contra?
En mi calidad de exembajador de Perú en España, he sido uno de los principales promotores de la llamada diplomacia presidencial. Los técnicos, diplomáticos pueden hacer avances muy relevantes respecto a la agenda bilateral, pero quienes logran cerrar los acuerdos son los presidentes. Es fundamental que los presidentes visiten determinados países claves y puedan concluir el cierre de agendas bilaterales; sin embargo, a la presidenta Boluarte ya se le pasó esa hora.
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-¿A qué se refiere?
Hoy día se van a improvisar muchas cosas. Tal vez algunos viajes sí son importantes, como la invitación que le hizo el presidente (Donald) Trump para que visite Estados Unidos. Probablemente sea uno de los más relevantes de los viajes de Boluarte, pero el resto yo los desestimaría. En conclusión, no soy completamente contrario a que ella viaje. Hay viajes que sí son importantes, porque está el interés del país de por medio, pero ella tiene una debilidad por el viaje frívolo.
Walter Gutiérrez consideró que el Congreso no le debería dar el voto de confianza al Gabinete que lidera Eduardo Arana. (Foto: PCM)
LAS DENUNCIAS DE LA FISCALÍA, EL TC, LAS ELECCIONES 2026 Y OTROS TEMAS
-El Ministerio Público y el Ejecutivo se encuentran en una constante confrontación, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
Al país no le conviene esta tensión, confrontación y polarización, eso no nos conviene. No le conviene a los proyectos públicos, a la actividad económica, a los servicios públicos, solo le conviene a los grupos interesados que tienen agendas particulares. Entonces, yo lo que pediría al Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Fiscalía, JNJ y TC, es que debemos entender que el Estado es uno solo y hay que distender esas tensiones que hay para poder sacar adelante el país.
-Recientemente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta en menos de 48 horas...
Me parece que hace mal la Fiscalía. Le hace un flaco favor a la dirimencia que hará el Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial que presentó el Ejecutivo, porque la presidenta creo que tiene una veintena de denuncias, demandas y investigaciones, esto a todas luces es un exceso. En lo particular, creo que el tribunal debe resolver rápidamente este tema y zanjar de una vez esta controversia.
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-Respecto a ese tema, ¿cree que la Fiscalía no debe ir más allá en las investigaciones contra Boluarte y esperar hasta cuando termine su mandato?
En realidad, la demanda competencial lo que busca es regresar al estado anterior, en la que ni siquiera podrían hacerse investigaciones preliminares. En primer lugar, ¿cuál es la razón de existir del artículo 117 de la Constitución? proteger al presidente por la importantísima función que cumple y evitar que su gestión se debilite con amenazas judiciales e investigaciones fiscales. La pregunta es, ¿solo hay que protegerlo de una amenaza de Golpe de Estado o autoritarismo?, no. Hay que proteger la democracia del crimen organizado, de la corrupción, de grupos que quieren cortar el poder, por lo tanto, hay que hacer una lectura mucho más amplia y no solo literal del artículo 117 y permitir que al presidente se le investigue no solo por esas cuatro causales, sino por otros delitos extremadamente graves.
-En caso el TC decidiera que no se puede investigar a un mandatario en funciones, ¿qué consecuencias podrían haber?
Si el tribunal decidiera regresar al estatus anterior; es decir, cuando no se le puede investigar al presidente, eso le daría la razón al expresidente Pedro Castillo, quien podría alegar con justa razón una persecución judicial. Todos los actos procesales que se hicieron en su contra se caerían, porque no tendrían fundamento constitucional . Entonces, dicho organismo tiene que tener mucho cuidado con lo que resuelve y cuáles serán los efectos de la sentencia. Debe hacerlo de la manera más escrupulosa, con prontitud, porque esta situación está generando inestabilidad en el país. Esto también beneficiaría a Boluarte, ya que sus pesquisas se declararían nulas.
-Entonces, ¿lo ideal sería encontrar un punto medio?
Lo ideal sería interpretar que el verbo rector que dice “acusar” se refiere a entrar a etapa de acusación, lo cual no prohíbe la posibilidad de hacer una investigación preliminar. La pregunta no es si se debe autorizar o no la investigación, porque yo creo que sí debería, la pregunta es cómo y hasta donde.
-A menos de un año para las elecciones generales, ¿cuáles son los principales riesgos que usted percibe?
Uno de los riesgos sería la penetración de los grupos de interés en los partidos políticos y, posteriormente, en las instancias de Gobierno, para promover su agenda personal. El Estado no puede ser coactado por ningún sector y menos por uno tan cuestionado como la minería ilegal. Es verdad que a nadie se le puede prohibir la participación política, pero tenemos que estar alertas. Los partidos tienen que informar quienes son estos señores, qué papel cumplen y tenemos que estar vigilantes. Hay otros dos riesgos.
Walter Gutiérrez indicó que el TC debe tener mucho cuidado al momento de dictar su sentencia respecto a la demanda competencial de Dina Boluarte. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
-¿Cuáles son?
Otro de los riesgos es que seamos víctimas de un populismo presupuestal, de un Gabinete Ministerial sumiso que no sabe defender las arremetidas del Legislativo. Por otro lado, también tendremos a las narrativas extremistas, polarizantes, cuya única propuesta es cambiar la Constitución, como si esto cambiará por arte de magia la realidad que vive el país. Entonces, hay que sospechar de todos aquellos que nos proponen soluciones mágicas. Eso es tratar de estafar al ciudadano.
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-Boluarte ha asegurado que no intervendrá y se mantendrá neutral en el proceso electoral, ¿le cree?
Desde luego que existe el riesgo de que intervenga. Diría que ella está tentada a participar en el proceso electoral. Por más que diga una cosa, va a actuar de otra manera. Desafortunadamente estamos frente a una presidenta que tiene una relación extraña con la verdad. Sí creo que puede participar y evidentemente hay que evitar eso. La presidenta debería someterse a un escrutinio permanente y comparecer ante los medios. En todo caso, si no lo hace, todo el sistema electoral, los partidos, la prensa y la ciudadanía tenemos que rechazar cualquier iniciativa de intervención de su parte o de un funcionario de su Gobierno.
Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.
