Ante la presencia de la actividad minera ilegal e informal en siete provincias, el departamento de Puno fue declarado en situación de emergencia ambiental.
El gobierno regional de Puno emitió en ese sentido la ordenanza 000015-2025-GRP/GR PUNO, publicada hoy en la separata de normas legales.
Se trata de “una medida excepcional y urgente frente a los impactos negativos que estas actividades generan en el ambiente, la salud pública, los ecosistemas y los medios de vida de las poblaciones”, se manifiesta en la ordenanza.
Se indica que esta “será de aplicación en todas las provincias y distritos de la región Puno, con énfasis en aquellas zonas identificadas como altamente impactadas por contaminación minera, conforme a los informes técnicos emitidos por entidades competentes”.
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Objetivos perseguidos
La declaratoria permitirá que se desarrolle el control, supervisión y fiscalización de esa actividad en esa jurisdicción. Esto, a su vez, permitirá implementar “acciones inmediatas” de remediación ambiental, formalización minera y adecuación ambiental en esta región.
Se indica en tal sentido, que la minería ilegal e informal tiene mayor incidencia en las provincias de Carabaya, Sandia, San Antonio de Putina, Azángaro, Huancané, Lampa y Melgar.
Para remediar ello, esta situación de emergencia contará con un marco legal regional, dispuesto en la mencionada ordenanza. Este permitirá activar mecanismos inmediatos de atención y control ambiental; priorizar la remediación de áreas impactadas, proteger la salud pública de la población expuesta e impulsar la acción intergubernamental frente a la minería ilegal.
Las acciones a adoptarse “deberán desarrollarse con la participación activa de las comunidades locales y bajo un enfoque multisectorial, sostenido y transparente, a fin de restaurar los ecosistemas afectados, reducir los riesgos para la salud pública y promover un desarrollo territorial equilibrado y sostenible”, se señala en la ordenanza.
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Entidades comprometidas
La Gerencia Regional de Autoridad Ambiental, en coordinación con las direcciones de Energía y Minas, y de Salud del Gobierno Regional de Puno, formularán e implementarán el Plan de Acción Ambiental Regional de Emergencia frente a esta situación, en un plazo máximo de 60 días.
Se indica también que el Gobierno Regional de Puno gestionará ante el Poder Ejecutivo y organismos internacionales, el apoyo técnico, financiero y logístico necesario para atender la situación de emergencia ambiental declarada, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Minería ilegal. Fuente: Mindef
Se indica que informes técnicos de la ANA, de OEFA y la Dirección Regional de Salud de Puno “evidenciaron la presencia de metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, arsénico, entre otros) en cuerpos de agua, suelos y organismos vivos en diversas zonas de la región, como consecuencia directa de actividades mineras informales e ilegales”.
Se considera que dicha situación “pone en riesgo la salud pública, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico local y la integridad de ecosistemas frágiles, por lo que se requiere adoptar medidas excepcionales y urgentes para enfrentar esta crisis ambiental”.
