Las denuncias e intervenciones registradas durante la segunda vuelta presidencial del pasado 7 de junio han vuelto a poner en debate los delitos electorales contemplados en la legislación peruana. La presunta alteración de cédulas de sufragio detectada en algunos centros de votación ha derivado en investigaciones fiscales y detenciones preliminares, mientras las autoridades buscan determinar si existió una conducta deliberada orientada a afectar el resultado electoral.
Según información oficial, doce personas fueron llevadas a la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre, tras ser acusadas presuntamente de alterar cédulas electorales durante la jornada electoral. Entre los intervenidos figuran miembros de mesa de distintos locales de votación ubicados en Lima Norte.
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Los casos han generado preocupación sobre el impacto que este tipo de conductas podría tener en la transparencia del proceso electoral y en la expresión de la voluntad popular.
¿Qué delito podría configurarse?
De acuerdo con Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, la alteración deliberada de una cédula de votación puede encuadrarse en el delito de atentado contra el derecho de sufragio, previsto en el artículo 359 del Código Penal.
El especialista explicó que una conducta de este tipo podría implicar la sustracción o destrucción de la cédula al modificar su contenido, afectando potencialmente el resultado de una elección.
La figura penal no distingue de manera específica entre un elector, un miembro de mesa, un personero o un funcionario electoral al momento de establecer la pena. Sin embargo, Correa señaló que la condición de quien comete el hecho puede ser considerada como una agravante simple al momento de individualizar la sanción, debido al abuso de confianza que podría existir en determinados cargos vinculados al proceso electoral.
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Las penas previstas por la ley
La legislación peruana contempla sanciones severas para quienes sean hallados responsables de manipular o alterar cédulas de sufragio con el propósito de afectar una elección.
Según indicó el abogado penalista, la pena prevista para este delito es de entre dos y ocho años de prisión.
No obstante, la determinación de una eventual responsabilidad penal requiere que la Fiscalía acredite que la conducta fue dolosa y no producto de un error, descuido o accidente.
Agentes policiales y representantes del Ministerio Público realizaron intervenciones tras denuncias de presuntas cédulas alteradas durante la segunda vuelta. Foto: Defensoría del Pueblo.
¿Qué pruebas necesita la Fiscalía?
Correa explicó que la investigación debe sustentarse en diversos elementos probatorios que permitan establecer cómo ocurrió la presunta alteración y quiénes participaron en ella.
Entre las diligencias que podrían realizarse figuran pericias sobre las cédulas de votación, incluyendo exámenes físicos del documento, análisis de tinta y evaluación de trazos. A ello pueden sumarse registros audiovisuales captados en las inmediaciones del local de votación, declaraciones de testigos y la revisión de equipos telefónicos.
Asimismo, la Fiscalía puede incautar celulares y analizar mensajes o comunicaciones que permitan advertir una eventual coordinación previa para ejecutar los hechos investigados.
El papel de la ONPE, el JNE y el Ministerio Público
Cuando surge una denuncia relacionada con una posible adulteración de cédulas, distintas instituciones intervienen dentro de sus respectivas competencias.
Según Correa, la ONPE tiene la función de reportar y preservar los elementos de prueba que puedan encontrarse en el lugar donde se detecta la irregularidad. Posteriormente, el Ministerio Público asume la conducción de la investigación penal para determinar si existe responsabilidad individual.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa las consecuencias electorales derivadas de la irregularidad detectada. Entre ellas podría encontrarse la nulidad del voto adulterado.
El especialista advirtió que, si el objetivo de la alteración era precisamente provocar la nulidad de un voto válido, podría producirse un daño irreparable a la voluntad expresada por el elector.
Los casos bajo investigación
Uno de los hechos reportados ocurrió en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Allí fueron detenidos en flagrancia tres miembros de mesa luego de que se encontraran cédulas de sufragio rayadas.
La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía y de agentes de la División de Investigación de Delitos contra el Estado. Según la investigación, los miembros de mesa tenían a su cargo la mesa de sufragio 061020 cuando fueron intervenidos por presuntos delitos contra el derecho de sufragio.
Horas antes, en otra aula del mismo centro educativo y en la mesa de votación 61025, la Policía detuvo a un adulto mayor, de 81 años, quien habría marcado varias cédulas de votación. De acuerdo con la investigación, sería personero del partido Juntos por el Perú. Durante la intervención se le incautó material electoral presuntamente rayado.
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¿Puede haber agravantes?
Si las investigaciones determinan que existió coordinación entre varias personas para alterar cédulas o afectar el proceso electoral, la responsabilidad penal podría ampliarse.
Correa señaló que podrían aplicarse agravantes vinculadas a la pluralidad de personas involucradas y configurarse distintas formas de participación criminal, como coautoría, complicidad, instigación o autoría mediata.
Sin embargo, precisó que, bajo la regulación actual, estos hechos no permitirían calificar a los implicados como integrantes de una organización criminal, debido a que el delito base no cumple con los requisitos mínimos exigidos por ese tipo penal.
