
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició una serie de coordinaciones con entidades de control para reforzar la supervisión del Servicio de Alimentación Escolar (SAE) que opera en más de 67,000 instituciones educativas públicas del país.
La ministra Lesly Shica sostuvo reuniones con la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República con el fin de establecer mecanismos de fiscalización más estrictos sobre los alimentos entregados diariamente a 4.2 millones de escolares.
De acuerdo con la titular del sector, el objetivo es asegurar la calidad, inocuidad y correcta distribución de los productos que forman parte del programa alimentario.
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Durante su participación en el IX Consejo de Estado Regional, desarrollado en Huánuco, la ministra indicó también que el Midis está revisando los contratos con los operadores del servicio y que no se descartará la separación de proveedores que incumplan estándares de calidad o entreguen productos deficientes. Para ello, el ministerio ha sostenido reuniones con gremios empresariales y entidades como Perú Compras y la OECE, con miras a mejorar los procesos de adquisición y evitar irregularidades en las convocatorias.

Uno de los recientes esfuerzos de supervisión fue el Operativo del Servicio de Alimentación Escolar (SAE), realizado el 31 de octubre. En la actividad, que contó con la participación del presidente José Jerí, la ministra Shica y otros integrantes del Gabinete, se verificó desde temprano la preparación, el servido y el consumo de los alimentos en colegios de Lima y Callao. La intervención buscó constatar, de manera simultánea, que los menús entregados cumplan con los parámetros nutricionales y sanitarios establecidos.
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Las medidas adoptadas cobran mayor relevancia luego de los hechos registrados en Huánuco, donde varios estudiantes resultaron intoxicados tras consumir alimentos escolares. Frente a este caso, el Midis informó que activó los protocolos correspondientes y coordinó de inmediato con la Fiscalía Provincial para el inicio de las investigaciones que determinen eventuales responsabilidades.








