La presidenta Dina Boluarte anunció la tarde del 05 de mayo que el Gobierno aplicará el toque de queda en Pataz a raíz del asesinato de 13 trabajadores mineros. También se suspenderá “toda actividad minera”.
Al respecto, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) pidió que se aclare si dicha medida incluye a empresas legales como Compañía Minera Poderosa, una de las más grandes de la región.
“En La Libertad existen varias empresas mineras legales y formales que cumplen con las normas ambientales y de seguridad, entre otras. Aún cuando esperamos mayor detalle debo entender que la suspensión de actividades mineras se refiere a mineros ilegales y no a la mediana, pequeña o gran minería que sí son formales y cumplen con las normas” sostuvo en Canal N.
Agregó que “no se tendría que castigar al minero que cumple con las normas (...) caso contrario nos perjudicamos todos porque el oro que se exporta formalmente genera divisas para el país”.
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Condenan crímenes
Julia Torreblanca condenó los crímenes efectuado en Pataz y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, señalando que “no es la primera vez que ocurre algo así” y que ya se han registrado más de 50 muertes en la zona.
“Condenamos el ajusticiamiento de trece peruanos que buscaban llevar el pan a sus casas. La forma en que se ha matado a estas personas debe hacernos reflexionar sobre la violencia y la criminalidad que se han infiltrado en la actividad minera”, señaló.
SNMPE pide eliminar el Reinfo
La representante del gremio minero manifestó su respaldo a la suspensión de los Registros de Saneamiento (Reinfo) ya inactivos, pero insistió en que se debe dar un paso más decisivo: eliminar de forma definitiva el Reinfo y fortalecer la Ley de Formalización de la Minería de Pequeña Escala (Ley MAPE).
“El Reinfo fue un mecanismo transitorio. Quienes en más de 15 años no han cumplido con declarar su zona de actividad o sus insumos, es porque no tienen voluntad de formalizarse”, precisó.
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Torreblanca destacó que el problema de la minería ilegal no solo afecta a los mineros formales —artesanales, pequeños, medianos y grandes—, sino a toda la ciudadanía, por su vínculo con redes de criminalidad.
Frente a la situación crítica, urgió la aprobación del Plan de Lucha contra la Minería Ilegal, elaborado por el Ejecutivo y que involucra a 19 entidades del Estado, entre ellas los gobiernos regionales, el Ministerio del Ambiente, Osinergmin, Oefa, la Sunat y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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“Este plan debe ir acompañado de presupuesto y personal para que el Alto Comisionado, general PNP Jorge Gutiérrez, pueda liderar acciones efectivas”, puntualizó.
También enfatizó que se debe supervisar toda la cadena de valor del mineral, desde la extracción hasta la comercialización, exigiendo a las plantas de beneficio que verifiquen con precisión el origen del mineral que procesan. “Si una planta recibe mineral de una concesión sin permisos, debe ser sancionada. Es urgente fortalecer la fiscalización con apoyo de Osinergmin, Oefa y los gobiernos regionales”, concluyó.
Policía y Fuerzas Armadas trabajan de manera conjunta para capturar a los responsables de la masacre. (Foto: EFE)
