Los órganos jurisdiccionales que conforman el subsistema especializado en extinción de dominio del Poder Judicial emitieron 3 mil 417 sentencias en primera y segunda instancia, desde el 2019 hasta septiembre de este año.
Solo en lo que va del 2025, los juzgados y salas del subsistema dictaron 552 y 349 sentencias en primera y segunda instancia, respectivamente, de las cuales solo 54 fueron revocadas, lo cual refleja la alta calidad de las decisiones judiciales.
De acuerdo con información de este subsistema el monto en dinero y bienes afectados con estas sentencias asciende a US$ 194 millones 034 mil 097, que pasaron al dominio del Estado.
El juez supremo titular Manuel Luján Túpez, coordinador nacional, señaló que cualquier empresa del crimen necesita dinero y liquidez, y, en tanto se le dé esa oportunidad a los criminales, habrá más acciones en sicariato, minería ilegal, trata de personas y delitos económicos cada vez más sofisticados.
LEA TAMBIÉN: Fallo del TC sobre extinción de dominio ocasionaría un pérdida de más de S/1,200 millones en Lima
Asi lo dio a conocer en el seminario descentralizado “Extinción de dominio tras la Ley n.° 32326 y la Sentencia del Tribunal Constitucional n.° 0008-2024-PI/TC-Desafíos Jurídicos”.
Por su parte, la jefa del Proyecto de la Unión Europea en la Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado en Perú, Eva Platero Aranda, sostuvo que la extinción de dominio es un sistema eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
Luján Túpez señaló que la extinción de dominio, como se le denomina en nuestro país, es un proceso que existe en 232 países del mundo, en varios de ellos con otra denominación.
Explicó, también, que las salvaguardas son todas las garantías procesales que la ley, la Constitución y los convenios internacionales exigen a un proceso de extinción de dominio.
LEA TAMBIÉN: TC declara inconstitucional, en parte, la ley de extinción de dominio
Asimismo, detalló los tipos de salvaguardas, entre ellas la configurativa, la cual establece los requisitos, los cuales deben concurrir al mismo tiempo para poder extinguir un bien.
Estos requisitos, expresó son: propiedad ejercida de manera ilícita, generar ganancias, efectos o productos ilícitos y que el bien debe tener un valor significativo para el Estado.
En lo que va del 2025, los juzgados y salas del subsistema dictaron 552 y 349 sentencias en primera y segunda instancia. (Foto: Manuel Melgar / GEC)
