El próximo 6 de noviembre, más de 1,800 mercados de Lima Metropolitana y el Callao tenían planeado acatar un paro como medida de protesta frente a las sanciones impuestas por Sedapal en relación con el tratamiento de aguas servidas.
Sin embargo hoy anunciaron que la medida de fuerza ya no se llevará adelante luego de que los representantes del gremio alcanzaran acuerdos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Sedapal y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).
Así lo informó el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm), Carlos Aguilar.
Los comerciantes denuncian la aplicación de multas que oscilan entre los S/10,000 y S/30,000, sanciones que consideran desproporcionadas e injustificadas para su rubro.
Sin embargo estas multas impuestas por Sedapal serán anuladas, así como la suspensión de intervenciones sorpresivas en los mercados locales.
“Se habían generado más de 1,500 millones de soles en multas que eran impagables para los mercados. Hemos llegado a un acuerdo con las autoridades para que, a partir de la fecha, se suspendan todas las multas que impuso Sedapal”, declaró Aguilar a TV Perú Noticias.
También se acordó la creación de una mesa de trabajo multisectorial que, en un plazo máximo de seis meses, evaluará la modificación del Decreto Supremo N.º 010-2019-Vivienda, que regula los valores máximos admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas al sistema de alcantarillado sanitario.
La movilización fue convocada por dirigentes de los mercados, quienes aseguran que la normativa vigente, Decreto Supremo 010-2019, los equipara a empresas industriales, sin considerar el tipo de actividad económica que realizan ni el nivel real de impacto que generan sobre el sistema de alcantarillado, informó Canal N.
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Los organizadores del paro anunciaron que, además del cierre de los mercados, se realizará una movilización hacia el Congreso de la República y el Ministerio de Vivienda. Foto: GEC.
Carlos Aguilar, secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores en Mercados y Comercios del Perú, sostuvo que el Decreto Supremo en cuestión establece criterios de sanción que no diferencian entre mercados minoristas y grandes industrias que utilizan insumos químicos.
Según Aguilar, este criterio ha originado un proceso de fiscalización que pone en riesgo la sostenibilidad económica de miles de comerciantes, quienes no estarían en capacidad de asumir los montos de las sanciones.
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