La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó hoy, por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley N°5414-2022/CR que precisa las irregularidades administrativas de las autoridades, funcionarios y servidores competentes durante los procesos de transferencia de gestión de los gobiernos regionales y gobiernos locales.
Esta iniciativa del congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) modifica el artículo 10 de la Ley 30204, “Ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” para fortalecer el control, idoneidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública en estos niveles de gobierno.
El texto aprobado establece sanción por el incumplimiento de la ley de transferencia y señala que “los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios y servidores de gobiernos regionales o municipalidades orientados a ocultar, omitir, alterar, modificar o falsificar información, impedir, retrasar o entorpecer el desarrollo del proceso de transferencia de gestión, genera responsabilidad administrativa”.
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También se precisa que la sanción que corresponda será impuesta en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, de ser el caso. Asimismo, estos hechos serán informados a la Contraloría General de la República para la respectiva acción de control.
La vigente norma incluye situaciones que afectan la transferencia como omitir, alterar, modificar o falsificar información, así como retrasar o entorpecer el desarrollo del proceso de transferencia de gestión, y no únicamente durante el periodo de la labor de la comisión de transferencia, ya constituida.
De esta manera, se cierra la posibilidad de que estas acciones que se han presentado en algunos procesos de transferencia en gobiernos regionales o gobiernos municipales queden impunes.
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Aguinaga destacó que su proyecto no genera en absoluto costos adicionales al erario nacional o en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Por el contrario, permitirá ajustar las normas relativas a la transferencia de las gestiones administrativas, permitiendo una mayor transparencia y control en el uso de los fondos y recursos públicos de las gestiones que finalizan.
“Es importante destacar que esta propuesta redundará en la prevención de actos de corrupción e ineficacia en la gestión administrativa y, con ello, preservar el patrimonio del Estado”, puntualizó.
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Debe señalarse que el dictamen también precisa que en el caso de la trasferencia en gobiernos regionales y municipales, la habilitación y disposición presupuestal se efectúa durante el primer semestre de cada año, bajo responsabilidad administrativa.
