Más del 60 % de las viviendas en Perú son autoconstruidas y vulnerables ante sismos. Foto: Difusión.
Más del 60 % de las viviendas en Perú son autoconstruidas y vulnerables ante sismos. Foto: Difusión.

En el , el 60 % de las edificaciones son producto de la autoconstrucción, y en Lima, 7 de cada 10 se levantan al margen de la normativa técnica. En un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, uno de los más activos en el mundo, esta realidad representa un riesgo constante.

En este contexto, aplicar desde el inicio los estándares del Reglamento Nacional de Construcciones (RNC) no solo es una obligación legal: es una responsabilidad ética y técnica frente a la vida de millones de personas.

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La falta de formalidad en la construcción no solo pone en peligro la integridad física de los ocupantes, sino también sus bienes. De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (), el 53,12% de las viviendas aseguradas en el país están construidas con materiales de baja resistencia sísmica como adobe o quincha. En contraste, solo el 45,12% incorporan concreto armado, un material clave en edificaciones diseñadas para soportar terremotos.

La relación entre calidad estructural y valor económico también es evidente: las construcciones con concreto armado representan el 63,65 % del valor patrimonial asegurado, lo que demuestra que las edificaciones mejor diseñadas no solo protegen vidas, sino también inversiones.

Expertos advierten que aplicar criterios técnicos desde el diseño no solo protege vidas, sino también el valor de las inversiones inmobiliarias. Foto: Difusión.
Expertos advierten que aplicar criterios técnicos desde el diseño no solo protege vidas, sino también el valor de las inversiones inmobiliarias. Foto: Difusión.

Frente a este panorama, el ingeniero Ramón Rivera, gerente de proyectos de Urban Bau, plantea tres razones clave por las que diseñar y ejecutar correctamente una estructura desde sus cimientos no es solo una buena decisión, sino una obligación profesional y social. Su análisis aborda no solo los riesgos técnicos que conlleva improvisar, sino también las consecuencias éticas y económicas de construir sin planificación.

Construcciones sismorresistentes: una estructura sismorresistente no solo depende de los materiales, sino del diseño adecuado, la calidad de la mano de obra y el cumplimiento riguroso de las normas. Si uno de estos elementos falla, el sistema pierde su capacidad de proteger vidas”, advierte el especialista. “El RNC, y en particular la Norma E-030, establece parámetros claros para el diseño y construcción en zonas sísmicas, considerando desde la zonificación del riesgo hasta los factores de importancia y uso.

“La clave está en proyectar que el edificio soporte daños controlados, sin llegar al colapso, permitiendo la evacuación segura de sus ocupantes”, agrega.

La informalidad: el crecimiento urbano desordenado y la autoconstrucción son los grandes desafíos. Según la SBS, Lima concentra el 70 % de viviendas informales, una cifra que se replica en menor grado en otras ciudades como Arequipa, Trujillo o Chiclayo. Esto implica que millones de viviendas no cuentan con planos aprobados, supervisión técnica ni cálculo estructural validado. “El problema de fondo no es la falta de normas; las tenemos y son buenas. Lo que falta es voluntad para aplicarlas y un compromiso real del Estado y la ciudadanía por construir bien. Un país sísmico como el nuestro no puede seguir improvisando”, enfatiza el especialista.

En ese sentido, propone un enfoque integral: incentivos para la formalización, líneas de crédito específicas para refuerzos estructurales y campañas masivas de sensibilización sobre el valor de construir de manera segura.

Proteger tu inversión a largo plazo: los sismos generan un enorme impacto económico. Un estudio del Banco Mundial sobre la infraestructura educativa peruana estimó que los 187,312 edificios escolares del país, cuyo valor patrimonial asciende a USD 8,400 millones, enfrentan una pérdida promedio anual de USD 190 millones por riesgo sísmico. La proyección a largo plazo sugiere que un terremoto de gran magnitud podría ocasionar pérdidas superiores al 6 % del valor total de esta infraestructura.

Según el estudio, cada dólar invertido en refuerzo estructural puede evitar hasta cuatro dólares en pérdidas futuras, lo que refuerza la necesidad de priorizar la ingeniería sismorresistente como política de Estado.

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Perú enfrenta el desafío de reducir su vulnerabilidad estructural. Con un territorio altamente sísmico, y un parque inmobiliario donde la mayoría de las viviendas no cumplen con estándares técnicos, la tarea es urgente. La ingeniería sismorresistente no es un lujo para las grandes edificaciones; debe ser el estándar mínimo en cada vivienda, escuela y hospital. Las lecciones de los desastres pasados, sumadas al avance normativo y tecnológico, brindan al país la oportunidad de construir un futuro más seguro.

“Invertir en una buena estructura es invertir en la vida. Necesitamos un cambio cultural, donde cada peruano asuma la responsabilidad de construir seguro y cada autoridad garantice el cumplimiento de las normas”, concluye el ingeniero Ramón Rivera.

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