
La propuesta del expresidente Donald Trump de forzar a las grandes tecnológicas como Apple a fabricar sus productos en suelo estadounidense vuelve a encender el debate sobre el impacto económico que tendría relocalizar la cadena de producción de dispositivos como el iPhone.
En declaraciones recientes, Trump sugirió la imposición de aranceles de hasta 25% a los productos que no se fabriquen en Estados Unidos, incluyendo los icónicos teléfonos de Apple.
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Según estimaciones de analistas de Wedbush Securities, un iPhone producido completamente en EE.UU. podría costar alrededor de US$ 3,500, más del triple de su precio actual.
Esta proyección considera el aumento significativo en los costos laborales, logísticos y de infraestructura que conllevaría replicar en América del Norte la red de proveedores que Apple ha construido en Asia durante décadas.
Un análisis más conservador, elaborado por el banco UBS, plantea que si solo se trasladara el ensamblaje final del dispositivo a territorio estadounidense, sin modificar la producción de componentes en Asia, el incremento sería de entre 20% y 54% en los costos de fabricación. En ese escenario, el precio al consumidor también subiría, aunque en menor proporción.
Por su parte, la empresa Morgan Stanley ha calculado que un arancel del 25% sobre iPhones ensamblados en el extranjero podría añadir cerca de US$ 110 al precio de cada unidad. Aunque este monto podría parecer menor comparado con el precio total del equipo, representa una presión inflacionaria importante en el mercado tecnológico.
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Mientras tanto, Apple ha intensificado su estrategia de diversificación, trasladando parte de su producción a la India. En abril de 2025, las exportaciones de iPhones desde ese país hacia Estados Unidos crecieron 76% interanual, alcanzando aproximadamente 3 millones de unidades. Sin embargo, esta cifra aún dista de cubrir la demanda del mercado estadounidense, estimada en más de 20 millones de iPhones por trimestre.
En ese contexto, un cambio drástico hacia la producción nacional de Apple no parece viable a corto plazo, según los especialistas. Más allá del impacto en precios, una medida como la propuesta por Trump requeriría años de inversión, infraestructura y capacitación laboral, en un entorno global cada vez más competitivo y descentralizado.