La libertad que tienen las empresas para decidir la fórmula, ingredientes y características de sus productos es un principio fundamental en economías abiertas. No obstante, el anuncio del presidente Donald Trump —quien afirmó que Coca-Cola accedió a usar azúcar de caña en lugar de jarabe de maíz en su bebida insignia, por sugerencia suya— ha encendido alertas en los ámbitos legal, sanitario y empresarial. ¿Puede un presidente interferir con una decisión que, en teoría, compete exclusivamente al ámbito privado?
Para Jesús Espinoza, exdirector del Indecopi, la respuesta es clara: “Las empresas tienen el derecho de determinar el contenido de su oferta sin que ninguna autoridad, de ningún nivel, pueda interferir”. Solo en situaciones excepcionales —por ejemplo, si un ingrediente representa un riesgo probado para la salud pública— podrían aplicarse restricciones. Y aún en esos casos, la intervención debe estar sustentada en evidencia científica sólida.
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“Las autoridades del Poder Ejecutivo no pueden moverse en base a prejuicios o suposiciones. Debe haber una regulación basada en evidencia, que pruebe que el consumo de determinado producto representa un riesgo real”, sostiene Espinoza.
La salud pública como excepción
A lo largo de los años, varios países han restringido o prohibido ingredientes específicos tras comprobar sus efectos perjudiciales. El caso del colorante rojo 3 —vinculado a riesgos de hiperactividad infantil y posibles efectos cancerígenos— ha llevado a su prohibición en el Reino Unido y EE.UU.
No obstante, el caso del jarabe de maíz no parece entrar en esa categoría. Consultadas por Gestión, nutricionistas ya han señalado que, si bien ambos edulcorantes (jarabe de maíz y azúcar de caña) tienen características distintas, no hay evidencia suficiente que demuestre un daño diferencial en el consumo moderado.
“Si no hay una diferencia sustancial en términos de riesgo para la salud, entonces ninguna autoridad debería modificar la composición de un producto. El enfoque debería estar en promover un consumo responsable, no en interferir con la oferta del mercado”, coincide Espinoza.
El anuncio de Trump sobre la fórmula de Coca-Cola reabre el debate sobre los límites del poder presidencial en el mercado.
¿Una intervención que favorece a un proveedor?
Un elemento que no debe perderse de vista es que esta eventual modificación beneficiaría directamente a un grupo de productores (los de caña de azúcar) en detrimento de otro (los del jarabe de maíz). Para Espinoza, este tipo de posicionamientos podría ser visto como una intervención que afecta la neutralidad del Estado y, por tanto, la libre competencia entre proveedores.
“Se estaría tomando preferencia por una determinada industria. Y las autoridades tienen que tener mucho cuidado de que sus actos no induzcan una preferencia hacia un determinado sector”, advierte.
Si Coca-Cola, bajo presión política, decidiera cambiar de proveedor, quienes se vean perjudicados por la pérdida de mercado podrían tener argumentos para acudir a tribunales.
¿Sugerencia política o imposición regulatoria?
Trump ha sido conocido por sus declaraciones políticas que, posteriormente, se convierten en órdenes ejecutivas. Por ello, hay inquietud de que esta nueva “sugerencia” pueda trasladarse a una orden de carácter regulatorio a través de las agencias sanitarias del Ejecutivo.
“Es probable que, tras esta declaración pública, el presidente canalice la propuesta mediante sus autoridades sanitarias, quienes podrían emitir alguna disposición”, indica Espinoza, que obligue o induzca a un cambio en la fórmula. Y en este punto, se plantea un nuevo desafío: ¿cómo reaccionaría Coca-Cola ante un intento de imposición?
¿Coca-Cola podría resistirse?
Sí. Desde el punto de vista legal, Coca-Cola podría perfectamente negarse a cumplir con una recomendación que no esté sustentada en evidencia científica ni en una norma válida. “Muchas decisiones de Trump han terminado en los tribunales y han sido inaplicadas. Seguro que Coca-Cola ya lo está evaluando”, asegura Espinoza.
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Sin embargo, también hay una dimensión política. Negarse a una recomendación del presidente —sobre todo de uno tan mediático como Trump— podría suponer un costo reputacional o comercial, especialmente si parte del electorado lo interpreta como una afrenta ideológica. Por eso, Coca-Cola ha preferido mantener un tono conciliador, indicando que evaluará el tema y dará pronto un pronunciamiento oficial.
Para el especialista, una alternativa posible sería que Coca-Cola mantenga su fórmula actual, pero sume al mercado una nueva versión endulzada con azúcar de caña. “Es probable que lance una nueva versión. Habrá que ver qué ocurre”, concluye.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.
