Las entidades financieras deberán informar expresamente las razones por las que deniegan la solicitud de un crédito, de acuerdo con un proyecto de ley que está en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso.
De implementarse esta medida, aprobada por la comisión de Economía, las entidades prestamistas se expondrían a mayores gastos y eventuales denuncias judiciales, según Jorge Delgado, presidente del consejo directivo de Alami (Asociación Latinoamericana de Microfinanzas).
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“Vamos a tener que contratar personas adicionales para poder redactar una carta indicando (a cada solicitante rechazado) por qué el crédito ha sido denegado. Esto supone un mayor gasto administrativo, están haciendo engorroso el tema”, advirtió Delgado.
El ejecutivo sostuvo que la propuesta legislativa no traería ningún beneficio –como pretenden los parlamentarios–, sino lo contrario, pues los préstamos se encarecerían como consecuencia de los mayores costos.
Demandas
Otro efecto no deseado de esta medida, según Delgado, es que los usuarios rechazados podrían demandar a las entidades financieras por discriminación.
“Supongamos que una persona va a cinco instituciones financieras a pedir crédito, cuatro dicen que no y una dice que sí. Entonces, el individuo podría ir al Poder Judicial a denunciar discriminación (a la institución que lo rechazó)”, explicó.
El referido proyecto de ley, dentro de sus fundamentos, argumenta que busca dar información a los futuros prestatarios no solo sobre los requisitos para acceder a un crédito formal, sino sobre la forma de cumplir dichas exigencias a cabalidad. De este modo, se busca profundizar la inclusión financiera en el país.
“En una economía que pretende ser inclusiva y que lucha contra la informalidad, es necesario que la entidades bancarias y financieras modifiquen sus protocolos y le ofrezcan al usuario información detallada sobre los requisitos, así como la instrucción básica sobre la forma en la cual cumplirlos acorde con los criterios de evaluación de la entidad, a fin de no sólo atraer a los usuarios sino de incorporarlos efectivamente al circuito financiero de la formalidad”, se señala en los considerandos de la propuesta.
“No hacerlo implica que para una persona de bajo nivel educativo o que no cuenta con la información necesaria, pero emprendedora y con expectativas de lograr sus objetivos familiares o de negocios, solo le queda abierta la vía de buscar alternativas sencillas pero de alto riesgo en el mercado informal de créditos. Ello, producirá, en el corto plazo el surgimiento de negocios de prestamistas informales, usureros, así como nuevas modalidades de préstamos, ofertadas por organizaciones criminales”, agrega la iniciativa al citar el avance del préstamo “gota a gota” en el país.
Historial crediticio
Por su parte, Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, consideró que es positivo que se trabajen normas que buscan prevenir la discriminación. Sin embargo, advirtió que se debe buscar que la información recogida no se utilice para sancionar a una institución financiera por negar un préstamo.
“Casi el 80% (de los rechazos) está vinculado a un tema de historial, es decir, el cliente en algún momento ha tenido mal comportamiento y por esa razón no es sujeto de crédito. Pero también hay otros temas cualitativos como referencias laborales, comerciales u otros. Entonces, probablemente lo que se busca es tener un banco de respuestas de por qué se niegan los créditos”, manifestó el gerente.
Reporte de morosos
Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer con 26 votos a favor en segunda votación, sin votos en contra ni abstenciones, el proyecto de ley que busca suspender preventivamente la publicación de aquellos usuarios reportados como morosos en las centrales de riesgo y en la SBS. Ello se aplicará cuando la deuda provenga de una operación no reconocida por el cliente de la institución financiera y en tanto se resuelva su reclamo.
Delgado advirtió que esta medida también generaría consecuencias adversas para el sistema, pues se podría retirar a personas de las centrales de riesgo cuando en realidad sí han efectuado los consumos que no han reconocido.
En consecuencia, estos usuarios morosos podrían ir a otra institución financiera (de la que aún no son clientes) a solicitar un préstamo o tarjeta o crédito, explicó.
“Si quieren que los procedimientos se mejoren debe ser de otra manera. Pero sacarlos (a los clientes que no reconocen una deuda) de las centrales de riesgo me parece inaudito”, enfatizó el presidente de Alami.
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SBS
Delgado señaló que es válido el propósito de agilizar los procedimientos administrativos para que los usuarios que han sido víctimas de suplantación no sean perjudicados. Sin embargo, advirtió que la forma planteada por el Legislativo no es la correcta.
Este proyecto establece, además, que los consumidores que regularicen sus deudas mediante el pago reciban en un plazo máximo de siete días hábiles una constancia emitida por la entidad financiera que confirme la actualización de su situación.
“No se pueden hacer este tipo de proyectos de ley sin haber escuchado a la SBS. Habría que revisar cuál fue la opinión del regulador en la Comisión de Defensa del Consumidor. Así veremos si están haciendo caso a esos informes o si simplemente es quizás un tema de aprovechamiento del momento para generar expectativa dado que se vienen las elecciones”, acotó Delgado.
Proponen sanciones para falsas víctimas
Jorge Delgado, de Alami, consideró que una forma de prevenir denuncias fraudulentas por consumos no reconocidos por los clientes del sistema financiero sería establecer sanciones a las falsas víctimas de suplantación de identidad.
“No solo habría que ver el tema de las denuncias que hacen las personas porque las han suplantado, sino que también deberían comenzar a ser penalizados (si el reclamo es falso); se tiene que poner también al otro lado una pared para que los usuarios sientan que van a tener una sanción (si cometen fraude)”, sostuvo.
Las operaciones no reconocidas por los usuarios de las entidades financieras son el principal reclamo, de acuerdo con reportes de la SBS.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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