
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificó el reglamento operativo del programa de fortalecimiento patrimonial de las instituciones especializadas en microfinanzas con el objetivo de facilitar la reorganización societaria de las entidades sometidas a intervención o al régimen especial transitorio.
Por recomendación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el MEF ha decidido ajustar los límites establecidos en los aportes máximos del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) y Cofide en caso de una valorización negativa del patrimonio de una institución intervenida.
Así, el monto aportado por el FSD o Cofide, como administrador del programa en nombre del Estado, no puede ser mayor a 1.5 veces el patrimonio contable de la entidad a transferir, precisa la norma. Aunque, puede ser incrementado, excepcional y únicamente hasta 2.7 veces el patrimonio contable previa opinión favorable de la SBS. Anteriormente, la contribución podía ampliarse hasta 2 veces el patrimonio contable.
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Según la resolución, estos cambios se hacen con el fin de mitigar el impacto de las pérdidas que serán asumidas por parte de las entidades adquirentes de una institución en régimen de intervención.
Durante el 2024, dos entidades -una financiera y una caja municipal- fueron intervenidas por el regulador, pero un bloque patrimonial fue vendido a otras microfinancieras con mejores resultados.
Salvataje
El propósito de esta norma es evitar futuros problemas en la compra de activos y pasivos de una entidad en problemas, originados porque la valorización hecha inicialmente no arrojó información muy certera, dijo Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.
“Si una empresa compra una institución deteriorada, se supone que es para rescatar lo bueno, no debería afectar su gestión, pero en las últimas operaciones se observa que sí está perjudicando los balances e indicadores de las entidades que las adquirieron”, comentó.
Bajo estas experiencias, será muy difícil conseguir nuevos postores en una eventual próxima transferencia; es por ello que la SBS está haciendo estas modificaciones, acotó.

Luis Miguel Garrido, asociado senior del Área Financiera y Corporativa de Rubio Leguía Normand, coincidió con Rojas en que, de no ajustar la participación del fondo y de Cofide, sería muy difícil o casi imposible que más entidades estén interesadas en comprar activos de otras con indicadores golpeados.
“Esta norma, enmarcada en el programa de fortalecimiento de las microfinancieras, es similar a los programas que se dieron en la crisis del 2008 en EE.UU., para que haya participación del Estado en el salvataje de las empresas que estaban decayendo”, añadió.
Plazo
Rojas enfatizó también que se está ampliando el plazo para que se puedan concretar nuevos procesos de fortalecimiento patrimonial o que alguna entidad pueda reorganizarse societariamente.
De acuerdo con la norma, hay tres subprogramas de fortalecimiento, uno dirigido a cajas municipales que permite la participación temporal del Estado en el capital social de la entidad edil en forma de acciones preferentes, mientras que el segundo está enfocado en las instituciones privadas de microfinanzas ejecutado a través de la compra temporal de instrumentos representativos de deuda subordinada por parte del Gobierno. En ambos casos, la vigencia se extiende hasta diciembre del 2029.
El tercer subprograma incluye el proceso de reorganización societaria, que se activa solo en caso de que las referidas entidades incumplan con los compromisos o condiciones establecidas en el reglamento operativo. Este proceso estará vigente hasta fines del 2032.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.








