La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha puesto sobre la mesa un problema que se arrastra hace años: la falta de regulación de las ofertas privadas de fondos de inversión administrados por entidades que hoy no están bajo su supervisión.
En su agenda temprana, el regulador manifiesta que coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un proyecto legislativo que modifique la ley de fondos de inversión y sus sociedades administradoras.
El superintendente de la SMV, Juan Pichihua, manifestó a Gestión el año pasado que se requiere incorporar a las gestoras privadas de fondos dentro del marco regulatorio.
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Una vez aprobada la ley, se buscará establecer un cronograma de inclusión de estas empresas en el ámbito de supervisión de la SMV, dijo.
Protección
“Actualmente, los inversionistas que participan en estos vehículos privados no tienen la protección tutelar del Estado. (Con la regulación) Las personas que se interesan en entrar a estos instrumentos de oferta privada tendrán la garantía de que estas empresas (gestoras) han sido evaluadas con algunos requisitos prudenciales, que les garantiza que por lo menos están supervisadas. Que los productos se transan con empresas que sí están en el marco de la superintendencia)”, comentó.
“Nadie se va a meter con el producto mismo. Lo único que se les va a pedir (a las gestoras) es dar toda la información al inversionista. En este momento, como están fuera (de supervisión) no tenemos ni siquiera idea de cuál es la magnitud de aquellos patrimonios administrados por estas sociedades”, añadió.
Los inversionistas que participan en estos vehículos privados no tienen la protección tutelar del Estado.
Origen
Hoy, la SMV regula y supervisa a las Sociedades Administradoras de Fondos y de Inversión (SAF y SAFI), ambas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Pero también operan, sin regulación, las gestoras privadas, que han crecido en los últimos años, aunque algunas de estas han sido denunciadas por los inversionistas (personas) debido al manejo doloso de los recursos que administran.
El objetivo de esta iniciativa es entender cómo se ha desarrollado este mercado en el país, cuál es su peso real y si el marco normativo vigente sigue siendo adecuado para el contexto actual, afirmó Fiorela Ccahua, asociada senior de Rebaza Alcázar & De Las Casas.
“La discusión va más allá de estafas o casos de incumplimiento de contrato vinculados a este instrumento de inversión, responde a una necesidad más amplia del mercado”, expresó.
El origen de las gestoras de estos fondos se remonta al 2008, cuando el regulador reconoció expresamente la existencia de entidades no supervisadas –distintas a las SAF y SAFI– dedicadas exclusivamente al manejo de fondos constituidos por oferta privada, comentó.
“Dieciocho años después, el escenario es distinto. El número de fondos privados, los montos administrados y la diversidad de inversionistas ya no son los mismos”, refirió.
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En el 2024, la SMV intentó impulsar cambios normativos vinculados a los fondos privados, mediante su incorporación entre las facultades delegadas al Gobierno. Empero, no fueron incluidos.
Exigencias
Según Luis Miguel Garrido, asociado senior del área financiera y corporativa de Rubio Leguía Normand, el enfoque que se evalúa sería similar al aplicado a las empresas de préstamos con fondos propios, una actividad que no es regulada en términos prudenciales, sostuvo.
La idea de la SMV apuntaría a una regulación para mejorar la disponibilidad de información pública, contar con un listado de gestores y canales de contacto, para facilitar el acceso de los inversionistas y la atención ante eventuales reclamos, explicó.
“Supervisar plenamente a un fondo privado lo acercaría demasiado a la normativa de los fondos públicos, pero sí podría exigir reglas de solvencia, garantías y planes claros de liquidación para escenarios de crisis, que hoy representa una de las principales preocupaciones de los inversionistas”, sostuvo.
Hoy, la SMV regula y supervisa a las Sociedades Administradoras de Fondos y de Inversión (SAF y SAFI).
Foto: GEC
Una base de datos más confiable para fondos
Para Fiorella Ccahua, de Rebaza Alcázar & De Las Casas, un avance relevante fue la inclusión de las gestoras privadas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el año pasado, en lo que concierne a detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Esta medida permitirá contar, por primera vez, con una base de datos más confiable, un punto de partida clave para cualquier análisis o posterior modificación regulatoria, destacó.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
