Tras el sismo del domingo y sus réplicas, hay incertidumbre sobre cuál sería el impacto social y económico de un terremoto en la capital.
“El estimado de pérdidas ante un terremoto de gran intensidad (como uno de 8.8 en la escala de Richter) va a depender mucho de la ubicación del epicentro y la profundidad del sismo. Por ejemplo, un terremoto de 8.8 con epicentro en Lima y Callao y una profundidad baja o media, podría dejar pérdidas catastróficas para el país con estimados que podrían estar por encima de los US$ 100,000 millones, sin contar el impacto en salud y vida de las personas”, señaló a Gestión Martín Penagos, gerente de Líneas Comerciales de Pacífico Seguros, ¿cómo se pueden analizar estas cifras?
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El problema es que, debido a la poca penetración de seguros en el país, probablemente la gran mayoría de estas pérdidas no estaría asegurada, sobre todo en los sectores más vulnerables, manifestó Penagos.
Según estimados de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), más de medio millón de viviendas en Lima podrían volverse inhabitables si ocurre un sismo de grado siete o mayor.
Ante un desastre de tal magnitud, el Estado necesitaría desembolsar más de US$ 2,500 millones –que excede a la reserva de contingencia asignada en el presupuesto público del 2025– solo para brindar un módulo temporal de vivienda a cada persona o familia que pierda su hogar, sin contar con alimentación y otros recursos, indicó a este diario Eduardo Morón, presidente del gremio.
“Un módulo de vivienda cuesta US$ 5,000, y estamos hablando de medio millón de viviendas (que podrían afectarse en Lima en caso de un terremoto), ¿de dónde vas a sacar la plata?”, advirtió.
En tal sentido, puso énfasis en que las personas de segmentos más bajos son los que necesitarían de todos modos la asistencia del Gobierno, pues sus inmuebles no son asegurables.
“Hemos visto en las situaciones de desastre de El Niño en el norte (en el 2017) que es complicado manejar esos campamentos temporales, que son superpequeños en comparación a los números que digo (del estimado de damnificados en Lima)”, acotó el ejecutivo.
Eduardo Morón, presidente de la Asociación de Empresas de Seguros (APESEG). (Foto: Mario Zapata/GEC)
Autoconstrucción
A nivel de la ciudad capital, el 71% de las viviendas son autoconstruidas, pero este porcentaje sube a 90% en el segmento C, y en el D y E llega al 100%. estima Apeseg,
“Son viviendas que claramente no van a pasar un peritaje (de un seguro)”, afirmó Morón.
El hecho de que una vivienda sea autoconstruida no significa necesariamente que no pueda formalizarse, si pasa por los estudios correspondientes. Sin embargo, Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, advierte que esto requiere de una inversión del interesado, por lo que es difícil esperar que eso suceda en la mayoría de los casos y particularmente en los estratos más bajos.
“Una revisión de un técnico obviamente implica un costo, y alguien tendría que asumirlo”, añadió.
Existen alrededor de 7 millones de viviendas en zonas urbanas en el país, de las que solo 4.7% están aseguradas, según Apeseg.
Damnificados por emergencias (Fuente: Indeci)
El sismo del domingo, de magnitud 6.1, dejó el trágico saldo de un fallecido y varios heridos. Y el lunes se sintió una réplica de 4.2, seguida por otra en la madrugada de ayer de 3.7.
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Obligatoriedad
En Lima y Callao, además, se concentra el 75.3% del total de los inmuebles que están protegidos contra sismos en el país (242,215 viviendas urbanas), estima el gremio asegurador.
Chang coincidió con Morón en que falta conciencia sobre el riesgo latente de sismo.
“(Un terremoto) no se tiene (mapeado) como un riesgo que vaya a ocurrir y eso obviamente genera que no haya mucha inversión por parte de las personas en este tipo de pólizas”, manifestó el catedrático.
“Debería existir un programa un poco más agresivo de comunicación por parte también de las entidades financieras y de los municipios que deberían recomendar, dependiendo de la ubicación, la posibilidad de poder tomar este tipo de seguros”, opinó.
Antes de la pandemia, entró a discusión la obligatoriedad de un seguro contra sismos, que se abordó incluso a nivel gubernamental. Se mantiene la propuesta, pero no hay definición al respecto.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
